Al cierre del plazo para impugnar los resultados, asignación de cargos y validez de la elección delPoder Judicial de la Ciudad de México, el Instituto Electoral local (IECM) recibió un total de 148 demandas de juicio electoral y para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía que serán turnados al Tribunal Electoral capitalino (TECDMX) para su resolución.

En tanto, la Comisión Permanente de Quejas del IECM informó que tiene en proceso de investigación e integración un total de 21 procedimientos especiales sancionadores, de los cuales una docena están relacionados con la publicación, difusión y distribución de acordeones previo a la jornada electoral del pasado 1º de junio.

En estos casos la conducta denunciada es la vulneración del principio de equidad en la contienda por el uso de dichos impresos, así como la posible coacción del voto, violación de las reglas de elaboración de propaganda y del periodo de veda electoral y, en algunos casos, un posible uso indebido de recursos públicos.

Del resto de los asuntos que son investigados por el colegiado sólo uno refiere violencia política en razón de género o contra las mujeres en razón de género, mientras el resto alude a actos anticipados e incumplimientos en las reglas de propaganda, señala un informe de la comisión.

Entre los recursos de impugnación de los acuerdos por los que se llevó a cabo la integración de los cómputos de la elección, asignación de cargos, expedición de constancia de mayoría y de validez de las elecciones, la magistrada y magistrado electos del Tribunal de Disciplina Judicial, Nahyeli Ortiz Quintero y Diego Armando Guerrero García, presentaron escritos como terceros interesados en el juicio promovido por la también candidata electa, Martha Alejandra Chávez Camarena, en contra de su pretensión de modificar el orden de asignación de cargos de dicho órgano jurisdiccional por la presunta omisión de criterios de paridad de género por parte del IECM.

Las reasignación que propone Chávez Camarena incide en a quienes correspondería ocupar el cargo por periodos de ocho y cinco años, así como la presidencia del organismo durante sus primeros dos años de labores.