Washington. La batalla legal generada por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento está lejos de terminar, a pesar de la importante victoria del gobierno republicano lograda la víspera, cuando la Suprema Corte limitó los mandatos judiciales a nivel federal. A pesar del fallo del máximo tribunal, el destino final de la iniciativa del mandatario sigue siendo incierto.

Tras la resolución de la Suprema Corte en la que limitó la capacidad de los tribunales federales para emitir decisiones de alcance nacional, la jueza de origen hispano Sonia Sotomayor, quien no respaldó la decisión, la describió de una burla al estado de derecho. Los defensores de los inmigrantes prometieron seguir la lucha para que se garantice que la ciudadanía por derecho de nacimiento siga siendo ley, y advirtieron que la resolución puede abrir una vía indirecta para restringir derechos constitucionales a determinados ciudadanos.

Varios tribunales federales rechazaron el intento del magnate de negar la ciudadanía a bebés nacidos en territorio estadunidense, que sean hijos de inmigrantes. El gobierno sostuvo que esos fallos deberían aplicarse únicamente en los estados involucrados en las demandas y sólo a los aún no nacidos de madres embarazadas en esas jurisdicciones, sin extenderse a escala nacional.

En este contexto, The New York Times señaló que en el periodo de sesiones de la Suprema Corte que finalizó esta semana y que significó una extraordinaria racha de victorias para Trump, los magistrados utilizaron procedimientos truncados en su expediente de emergencia para emitir decisiones que le dieron al presidente parte o todo lo que había pedido en casos relacionados con inmigración, tropas transgénero y la independencia de las agencias gubernamentales.

Las resoluciones de emergencia a favor del mandatario fueron, en teoría, temporales y provisionales, pero en la práctica le permitieron continuar con sus políticas indefinidamente y, en ocasiones, de forma irreversible.

Además, muchas de las decisiones de emergencia se basaron en escritos apresurados y superficiales, y se dictaron después de que el tribunal prescindiera de argumentos orales.

El diario contextualizó que en las primeras 20 semanas del segundo mandato de Trump, su administración presentó 19 solicitudes de emergencia para que jueces suspendieran las derrotas en tribunales inferiores mientras continuaban las demandas.

Ese es el número de solicitudes de este tipo que presentó la administración Biden en cuatro años, y mucho más de las ocho registradas durante los 16 años de las presidencias de George W. Bush y Barack Obama.

Por ello, en un momento en que las amenazas contra los jueces van en aumento, el presidente del máximo organismo judicial estadunidense, John Roberts, advirtió ayer que las palabras acaloradas de los funcionarios electos contra los juzgadores pueden provocar amenazas o actos de violencia por parte de otros.

Sin identificar a nadie por su nombre, el magistrado hizo una clara referencia a Trump y al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer de Nueva York, cuando afirmó que se ha sentido obligado a emitir reprimendas públicas a figuras de ambos partidos en los años recientes.

Alligator Alcatraz, polémico centro de detención

Por otra parte, el gobierno de Florida anunció la construcción de un nuevo centro de detención para migrantes irregulares en Everglades, un parque nacional de ciénagas y pantanos que cubre gran parte del sur del estado, bajo el sugerente nombre de Alligator (caimanes) Alcatraz.

El Departamento de Seguridad Nacional se burló de los migrantes detenidos con un meme que generó con inteligencia artificial, el cual muestra caimanes custodiando el centro, algo que los críticos llamaron una horrenda falta de humanidad.

¡Próximamente!, publicó el DHS con el meme de los caimanes con gorras de beisbol del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

Los grupos defensores de derechos humanos cuestionaron tanto la iniciativa como la publicación, que calificaron de inhumana. Además, junto a organizaciones medioambientales, denunciaron que la creación del centro supondrá un grave ataque al ecosistema de esta área declarada Patrimonio de la Humanidad y reserva internacional de la biosfera por la Unesco.