o, si la autoridá permite manifestarse a quien quiera, lo que no se permite a sí misma es reflexionar sobre una tradición centenaria y preservarla con criterio.

No han sido la sensibilidad inteligente, la agudeza taurina ni el afán de servicio lo que ha caracterizado a las poderosas empresas que en casi cuatro décadas (1990-2025) se han encargado de gestionar los destinos de la Monumental Plaza de Toros México, precisamente porque nunca se han exigido rigor de resultados financieros ni artísticos ni mercadotécnicos, sino apenas una especie de terapia ocupacional.

A diferencia de toda empresa exitosa que se respete, en este caso ha faltado comprensión cabal de una tradición, del rito táurico, de unos comprometedores antecedentes históricos, del profundo respeto por el toro bravo con edad y trapío, por quienes los enfrentan o deberían hacerlo y por un público al que han ido sacando de la plaza por su mediocre oferta de espectáculo.

En ese lapso también brilla por su ausencia o abierta complicidad la vigilancia oportuna y calificada de unas autoridades capitalinas que prefirieron hacerle el juego a la autorregulación desbocada que trajo el neoliberalismo y a suspensiones de juececitos ocasionales para finalmente emitir la mañosa prohibición –la diversidad por los suelos– a la que ahora alude un escolar comunicado de la empresa, que prefirió omitir su nombre.

Sólo empieza diciendo: La México –no la denominación legal de la empresa ni menos el nombre de sus propietarios o representantes–, informa que, como consecuencia de la nueva legislación recientemente aprobada por el Congreso la Ciudad de México, no es posible celebrar corridas y novilladas tradicionales. Ya no se atrevió a decir en los arbitrarios términos establecidos por la legislación recientemente aprobada de forma unilateral por el Congreso de la Ciudad de México. No pareció correcto aunque sea cierto.

Menos osó señalar que esa reforma sin sustento constituye una desatinada prohibición a la tauromaquia, con 499 años de antigüedad en la capital del país, “pues elimina elementos esenciales de la misma –sin especificarlos– y conlleva un cambio estructural que altera profundamente la naturaleza de la corrida de toros”. Bajo esos voluntariosos términos –omitió decir–, es técnica y jurídicamente inviable llevar a cabo el denominado espectáculo taurino sin violencia por el carácter fraudulento y la falta de veracidad que conlleva, le faltó agregar.

Insiste en que Esta reforma y no esta antojadiza imposición que se presenta bajo el argumento de protección animal, tendrá como consecuencia justamente la desaparición del toro de lidia –¿la México como el mundo?–, una especie cuya existencia depende exclusivamente de la práctica taurina. Con delicadeza agrega lamentamos, en vez de enfatizar: rechazamos enérgicamente cualquier medida que atente contra la libertad y diversidad cultural de cientos de miles de personas que han hecho de la tauromaquia una tradición viva en la Ciudad de México –aunque por nuestra gestión dejaron de ir a la plaza, se negó a confesar.

Con falsa modestia agrega: “La México –no los sectores taurinos del país, aficionados, público y miles de trabajadores afectados por esta legislación sin sustento– reitera su disposición al diálogo respetuoso y abierto con las autoridades capitalinas, y reafirma su compromiso de seguir trabajando – sic que llegó hasta el reloj– por mantener vivas las expresiones culturales… En ese sentido, continuará explorando caminos institucionales y legales disponibles para encontrar una solución”… Ah, qué la burocracia privada, sobre todo de convicción, liderazgo y enjundia.