Las mujeres encarceladas enfrentan dificultades para obtener productos de higiene adecuados durante la menstruación, principalmente en centros de reclusión estatales debido, entre otros aspectos, a la falta de presupuesto, lo que puede afectar su salud y dignidad.

En entrevista, Gerardo Manrique, defensor público federal especializado en ejecución penal y en temas de género, dijo que el Instituto Federal de Defensoría Pública repartirá un tríptico para que las internas gestionen ante un juez el abastecimiento de esos insumos cuando se los nieguen.

Una de las obligaciones de los defensores cuando brindamos los servicios para mujeres es verificar que todos sus derechos sean respetados durante la reclusión. El artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas establece los derechos de las mujeres privadas de la libertad, entre ellos, contar con instalaciones adecuadas y objetos necesarios para una instancia digna y segura, siendo prioritarias las necesidades para la higiene y salud menstrual. Es una situación urgente y prioritaria. Ellas dependen por completo de la autoridad para que les suministren lo necesario.

Presas sin familia

Destacó que cuando familiares o defensores públicos detectan que hay alguna vulneración a ese derecho promueven una petición administrativa ante los directores de las prisiones, en la que informan que las internas tienen la necesidad específica de acceder a salud menstrual para reparar la falta de dotación de toallas femeninas y de jabón y agua suficientes, entre otros insumos, para asearse.

En caso de que los directivos no atiendan o resuelvan la petición, el defensor de oficio acude ante un juez de ejecución, quien a través de una audiencia resuelve la controversia. En la mayoría de los asuntos que hemos promovido sobre este tema, fallan a favor de las internas, comenta.

Hasta mayo de este año la población femenina privada de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales eran 14 mil 842 internas, la mayoría entre 18 y 40 años de edad. De ellas, 2 mil 528 están en el Cefereso 16, ubicado en Michapa, en el municipio de Coatlán del Río, Morelos. La capital del país, el estado de México, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Baja California Sur son las entidades que tuvieron el mayor número de ingresos de mujeres durante ese mes.

En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a los gobernadores y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que garantizaran el acceso gratuito y suficiente de toallas femeninas a las mujeres privadas de su libertad. También, para que aseguraran el suministro de agua potable en las prisiones y dignificar los espacios destinados a la higiene personal.

Indicó que en algunos centros de reclusión de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Morelos, Sonora y Tabasco no había espacios dignos para la higiene femenina; en los de la Ciudad de México, el estado de México, Guerrero, Sonora y Tamaulipas se confirmó falta o deficiencias para el suministro del agua.

Para Gerardo Manrique, la mayoría de las prisiones estatales carecen de artículos para la higiene femenina durante la menstruación, incluyendo toallas sanitarias.

Muchas veces, los familiares o las mujeres privadas de la libertad compran sus insumos. Desafortunadamente, muchas no reciben visitas y además no tienen dinero. En estos casos incluso negocian con otras internas para intercambiar productos. En el caso extremo usan ropa, como calcetines, en lugar de toallas sanitarias, lo que genera riesgo de infecciones.