Washington. En dos nuevos reveses para la administración encabezada por Donald Trump, un juez federal de Nueva York impidió que el gobierno cancele el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a más de medio millón de haitianos que se encuentran en el país, mientras un magistrado de Washington determinó que la orden del magnate de suspender el acceso al asilo en la frontera sur es ilegal. Además, defensores de los derechos de los migrantes demandaron al gobierno por acorralar sistemáticamente a personas de piel morena durante las redadas en el sur de California.

El juez del tribunal de distrito de Nueva York, Brian M. Cogan, dictaminó antenoche que es ilegal adelantar la expiración del TPS por al menos cinco meses para la población originaria de Haití, parte de la cual ha vivido en Estados Unidos por más de una década.

Cogan también señalo que la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, incumplió con los plazos y procedimientos que le obligan a elaborar un informe a fondo sobre la situación actual del país caribeño, e indicó que los haitianos pueden sufrir daños irreparables en caso de que la medida entre en vigor.

La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que iba a poner fin a dichas protecciones legales el próximo 2 de septiembre, tras alegar que la situación medioambiental en Haití mejoró suficiente y es seguro que los migrantes vuelvan a casa, sin aludir a otras crisis como la creciente actividad de las bandas armadas.

Mientras, el magistrado Randolph Moss, de Washington, indicó en su fallo respecto a la frontera que ni la Constitución ni la ley de inmigración otorgan al presidente un régimen extrarreglamentario para repatriar o sacar individuos del país sin oportunidad de solicitar asilo u otras protecciones humanitarias, aunque pospuso los efectos del fallo por dos semanas para dar tiempo al gobierno de apelar.

Moss, quien fue nombrado por el ex presidente demócrata Barack Obama, reconoció que el gobierno enfrenta enormes desafíos en la frontera sur y un abrumador retraso de solicitudes de asilo, pero reiteró varias veces en su dictamen de 128 páginas su opinión de que Trump no tiene derecho a prohibir el asilo.

En este contexto, Trump celebró en su red Truth Social lo que llamó las cifras más bajas registradas en la historia de Estados Unidos al referirse a los cruces fronterizos en junio debido a las detenciones.

El magnate subrayó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sólo tuvo 25 mil 243 encuentros en todo el país, mientras la Casa Blanca reportó en un comunicado una disminución de los arrestos de 15 por ciento respecto al récord anterior que se estableció en marzo.

Por otra parte, abogados defensores de migrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California aseguraron en su demanda que agentes federales han arrestado de manera violenta e indiscriminada a personas de tez morena sin causa probable durante las redadas antimigrantes, en las cuales atestan esquinas, paradas de autobús, estacionamientos, campos agrícolas o puntos de reunión de trabajadores jornaleros.

En el alegato solicitan poner freno a la práctica continua de ignorar la Constitución y la ley federal en Los Ángeles y sus alrededores y que las autoridades lo piensen dos veces antes de hacer lo mismo en otras ciudades como Chicago o Nueva York.

La ONU, inoperante en el caso de 18 niños venezolanos

Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) denunciaron la inoperancia de Organización de Naciones Unidas en el caso de los 18 niños venezolanos retenidos en Estados Unidos, a quienes Caracas considera secuestrados por Washington, mientras el gobierno de Guatemala anunció que buscará repatriar a 341 menores de edad que viajaron solos como migrantes y ahora están recluidos en centros de detención estadunidenses.