n diciembre de 2024, la secretaria del Consejo de Salubridad General (CSG), Patricia Clark, sorprendió intentando enterrar el Modelo Único de Evaluación de Calidad (MUEC) porque no ha dado resultados y ofreció inmediatamente otro diseño a cargo del subsecretario foxista Enrique Ruelas ( La Jornada, 4/11/2024). Se adujo que esa medida revertía decisiones tomadas durante la administración de AMLO que cancelaron la intromisión de privados en el CSG ( La Jornada, 7/11/2024). Ahora Clark comunica algunas novedades que requieren precisiones y otras que despiertan inquietudes ( La Jornada, 28/4/2025, nota de Ángeles Cruz).

En primer término, Clark anuncia que, venturosamente, tanto la UNAM como el IPN se reintegran al CSG, aunque sólo para formar parte de la Comisión del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS, antes catálogo de medicamentos). Para ser exactos, ninguna de las dos instituciones dejaron nunca de colaborar con el CSG. Abandonaron el pleno por sus ocasionales y contadas aportaciones, pero siempre participaron en los Comités de Premios Médicos, Enfermería y la propia Comisión Consultiva.

En segundo término, Clark anuncia la creación de un Comité de Exclusión que iniciará la depuración del CNIS –que contiene más de 16 mil claves– de las que una cifra por determinar ya no se utiliza en el sector público. Se trata, declara, de un nuevo intento para disminuir la cantidad de productos que se han ido acumulando y se hará la revisión de los medicamentos para verificar si se los ha empleado –en clínicas y hospitales– durante los recientes dos años. Clark informa que dotados de una metodología, aún no publicada, los expertos iniciarán con los fármacos por categorías clínicas y revisarán cada clave para apreciar su uso reciente y si dispone de registro sanitario vigente.

Según Clark, se preguntará al fabricante si lo sigue manufacturando o, en su caso, los cambios que ha tenido. Ella estima que, para finales de 2025 o mediados de 2026, se habrá depurado el libro de medicamentos y se continuará con el material de curación, auxiliares de diagnóstico, instrumental, equipo médico, material de osteosíntesis y endoprótesis. Sin duda, tratándose de una iniciativa oportuna, también es cierto que revisar registros sanitarios vigentes deriva en una falacia porque, una vez obtenido, no pierde vigencia.

En tercer término, el pasado 10 de mayo fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las nuevas normas de organización y funcionamiento de la Comisión del CNIS, en las cuales, Patricia Clark excluyó requisitos para las solicitudes de inclusión de insumos. Durante la administración del ex presidente AMLO (2018-2024) se estableció que las instituciones sanitarias deberían elaborar una carta de petición y respaldo para incluir cualquier insumo al CNIS, sea medicamento, material de curación o dispositivo médico. Ello fortalecía el poder de las instituciones frente a la industria.

Pero tal requisito estratégico ha sido eliminado por Clark de las nuevas normas. Ello representa un franca regresión respecto a lo que se había ganado durante la administración de AMLO e implica que, ahora, se regrese a la situación en que la industria decida lo que interesa que entre al CNIS y lo que debe quedar fuera. Es claro que se trataba de un candado estratégico que, por supuesto, nunca fue del gusto de la industria. ¿Estará suficientemente enterado el secretario Kershenobich, quien invitó a Clark a tan relevante responsabilidad en el CSG después de que trabara relación con ella durante el paso de ambos por la Junta de Gobierno de la UNAM?

Dígase lo mismo de la extraordinariamente polémica decisión de Clark respecto a eliminar la obligación de que, una vez declarada la procedencia para asignar alguna clave al CNIS, se publique el precio máximo unitario del producto. La decisión de Clark es un total error, un gran peligro y completo retroceso respecto a lo ganado durante la administración de AMLO. Vuelve a ganar, principalmente, la industria nacional. ¿Qué ocurría antes de que se implantara la obligación que ahora elimina Clark? Los interesados introducían una carpeta para ser incluida en el CNIS, con estudios económicos donde los resultados eran abrumadoramente positivos con un precio castigado. De tal suerte que a la hora de la licitación vendían mucho más caro en un escenario real donde ya no se respetaba la relación costo-beneficio positiva. Frente a este proceder, la administración de AMLO introdujo la obligación que ahora elimina Clark: que era responsabilidad del servidor público que compraba revisar el precio máximo registrado en el CNIS. Y si compraba por encima, incurría en responsabilidad.

En el CSG ¿para quién trabaja Clark? ¿Estarán suficientemente enterados el secretario Kershenobich y la presidenta Sheinbaum?

* UAM-X