Un grupo de profesores y alumnos de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), en el municipio mexiquense de Texcoco, denunciaron la política de represión, acoso laboral y despidos injustificados que autoridades académicas, encabezadas por el rector Ángel Garduño García y el jefe de la Unidad Jurídica, Aarón de la Rosa Zubrán, vinculados con la organización priísta Antorcha Campesina, realizan contra la comunidad.

El caso más reciente, dijeron, fueron los señalamientos infundados e inventados y la acusación penal que la rectoría inició contra seis profesores distinguidos y con más de 40 años de labor, dos alum-nas y un ayudante de investigación.

Lo que puso a la UACh, señalaron, en una situación compleja y grave que puede escalar a un problema mayor. Por lo que los profesores exigieron la intervención de instancias como la Presidencia y las secretarías de Gobernación, así como de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los afectados explicaron que el conflicto más reciente comenzó tras la discusión de reformas a los estatutos universitarios de la UACh, donde un grupo de catedráticos se opuso a las mismas por lo que la rectoría comenzó una persecución política, y despidió al académico Francisco Zamudio Sánchez, con 50 años de antigüedad, por estar en contra.

Señalaron que a raíz de su cese varios profesores se manifestaron pacíficamente en solidaridad con Zamudio y contra su despido el 18 de junio a las afueras de la Unidad Jurídica, ubicada al exterior de la UACh.

Explicaron que en ese momento iba a entrar una alumna, pero no la dejaron y se quedó apresada entre la puerta de la unidad. Ahí estuvo casi hora y media; además, personal de la Unidad Jurídica la lastimó; el acto fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Dijeron que a raíz de la denuncia de la estudiante el jurídico de la universidad tergiversó los hechos e inició una denuncia penal contra nueve personas, entre ellas seis docentes.

Se trata de Melitón Córdova Álvarez, Enrique Serrano Gálvez, Salvador Díaz Sánchez, Ángel Leyva Ovalle, Patricia Muñoz Sánchez y Sócrates Galicia Fuentes, así como las alumnas Quetzalli Ramírez Matías y Cinthya Guadalupe Molina López, y el ayudante de investigación, Javier Jiménez Machorro.

En una grotesca respuesta para disfrazar la agresión cometida y tratar de silenciarnos por exigir alto al autoritarismo y la violencia en Chapingo, De la Rosa Zubrán fabricó, contra profesores y estudiantes, una denuncia penal ante el Ministerio Público de Texcoco por el delito de lesiones al personal del Jurídico y a él mismo, falseando la realidad de los hechos, manifestaron.

“Nos agarraron a algunas personas como chivos expiatorios y nos quieren meter miedo; pero lo que nos preocupa es que el tema pueda escalar porque la estrategia de la administración central es despedir con invenciones a profesores.

Su estrategia es la cuestión jurídica para reprimir; es una política institucional de violencia contra académicos y alumnos, y en lugar de que las cosas se diriman por el diálogo utilizan lo jurídico.

El grupo de inconformes afirmó que es necesario que autoridades federales intervengan y pongan un alto a la política persecutoria de la administración universitaria y exijan transparencia en el manejo de los recursos que le entrega la Federación.

La táctica es meter miedo y deshacerse de las personas que creen que por denunciar y manifestarse y ejercer su espíritu crítico y libertario son un peligro para la institución. Todo lo hacen de manera rápida sin seguir los procedimientos legales, los cuales se pasan por alto. Las autoridades de la universidad actúan de manera arbitraria, insistieron.