Martín Esparza Flores tomó posesión ayer como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas para los próximos cinco años.

El acto se llevó a cabo en el auditorio Ernesto Velasco Torres, en la sede del sindicato, donde Esparza destacó que seguirá su lucha por la reinserción laboral de los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Aseguró que el SME mantiene su autonomía, democracia y libertad sindical, y destacó que la mayoría de los agremiados decidieron que renovara su dirigencia.

La convocatoria para la toma de protesta se publicó la semana pasada, en la que se informó que con fundamento en los artículos 32 y 64 fracción V de sus estatutos vigentes, se llevaría a cabo la asamblea general ordinaria de informes y toma de posesión del Comité Central y comisiones autónomas.

El SME anunció el pasado 2 de julio la conclusión del proceso electoral interno en el que se renovó la mitad de su Comité Central para el periodo 2025-2030.

Detalló que 96 por ciento de los votos fueron válidos.

Esparza fue nombrado secretario general del SME por primera ocasión en 2005.

En un comunicado, el gremio informó que durante la jornada electoral, 14 mil 208 agremiados emitieron su voto, de los cuales, 13 mil 755 respaldaron la continuidad del líder. Además, José Humberto Montes de Oca Luna fue ratificado como secretario del Exterior con 93 por ciento de votos válidos.

El próximo 14 de diciembre el SME cumplirá 111 años de vida. Es el sindicato más longevo del país. Los pasados 16 años ha sobrevivido contra la corriente. Además, se ha visto sometido a todo tipo de campañas de estigmatización.

El 10 de octubre de 2009, el entonces presidente Felipe Calderón lanzó a la Policía Federal y al Ejército para ocupar preventivamente las instalaciones de LFC antes de que entrara en vigor el decreto de extinción de la empresa. Horas después, el gobierno federal decretó la desaparición del organismo y anunció la liquidación de sus trabajadores.

El decreto, arbitrario e ilegal, buscó aniquilar a un sindicato-dique contra la privatización del sistema eléctrico nacional. Calderón no tenía facultades para extinguir la empresa. Para hacerlo, pasó por encima de las facultades del Congreso de la Unión.

El servicio eléctrico no estaba en riesgo ni había amenaza de huelga. Para desaparecer LFC, el gobierno debió seguir un juicio de conflicto colectivo de naturaleza económica, que no se llevó a cabo. La disputa sigue sin solución.