La Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) que profundice las investigaciones en torno al accidente en El Pinabete, donde perdieron la vida 10 mineros, que laboraban en condiciones irregulares y peligrosas, ya que a casi tres años del siniestro los presuntos responsables no sólo siguen impunes, sino que continúan explotando carbón en la zona, vía adjudicaciones millonarias que obtuvieron.

Ese percance, “forma parte de un patrón sistemático de negligencia empresarial que ha cobrado vidas a lo largo de décadas en la región carbonífera de Coahuila y revive el trauma de otras tragedias, como la de Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros”, se resalta en el dictamen aprobado.

El caso del pozo El Pinabete refleja también “una grave omisión de autoridades laborales, mineras y ambientales que permitieron su operación sin las condiciones mínimas de seguridad y representa asimismo “un patrón sistemático de impunidad en el sector, donde la falta de sanciones ha permitido que los responsables sigan operando y lucrando con recursos públicos”. Por ello, es necesario “que se deslinden responsabilidades y se avance en el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.”.

El accidente ocurrió el 3 de agosto del 2022, cuando la ruptura de una de las paredes de carbón que separaba esa mina de otra inundada, atrapó a 10 mineros. Sus restos se recuperaron en febrero pasado.

El punto de acuerdo fue presentado por el diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja, y en éste se denuncia una red de intereses políticos y económicos, así como personas vinculadas a la tragedia, entre ellas Luis Rafael García Luna Acuña, propietario formal de El Pinabete y Régulo Zapata Morales, hijo del exalcalde de Sabinas, quienes han sido señalados en la carpeta de investigación del caso.

Se detalla que la empresa Beneficios Carboneros AJ S.A. de C. V., propiedad de Zapata Morales, ha recibido adjudicaciones directas por más de 226 millones de pesos, a pesar de que sus minas son consideradas inseguras por la Secretaría del Trabajo.

La FGR determinó en 2022 que se trató de un delito doloso y un juez autorizó tres órdenes de aprehensión; sin embargo, no se cumplieron.