La carencia de medicamentos e insumos en los servicios de salud pública se acentuó en los tres últimos meses, periodo en el que ha crecido la lista de faltantes. En los consultorios y áreas de hospitalización, los médicos tienen una relación de las pruebas de laboratorio que no se pueden realizar, así como intervenciones que tampoco se programan o se limitan al mínimo por falta de dispositivos.

Personal de unidades médicas que atienden a personas sin seguridad social explicaron que hace algunos años, cuando había desabasto, sobre todo si se trataba de una atención médica por enfermedad urgente o que ponía en peligro la vida del paciente, “lo comentábamos con los familiares para ver si ellos podían comprar las medicinas o el material que hacía falta”.

Ahora ya no se puede hacer eso por la gratuidad a la que están obligadas las instituciones del sistema nacional de salud, incluidas las de alta especialidad. Advirtieron acerca de la gravedad de la situación, sobre todo cuando se enfrentan a padecimientos que, de no atenderse de manera oportuna, pueden llevar al enfermo a la muerte.

Otra restricción que enfrentan los hospitales tiene que ver con las compras emergentes y la disposición de presupuesto para situaciones imprevistas, como la descomposición de equipos médicos. En años pasados, los directivos podían disponer del dinero para hacer frente a éstas y otras contingencias. Al final del año se integraba la figura denominada “presión de gasto”, la cual era reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y autorizaba la asignación de recursos económicos adicionales.

Eso dejó de ocurrir en 2024, ahora, “ningún director realiza las compras de lo que haga falta porque además de que no se reintegrará el dinero a la institución, el funcionario puede ser acreedor a sanciones”, aseguraron los servidores públicos entrevistados por este diario.

Lo peor, sostuvieron, es que “no se ve para cuándo se vayan a solventar las carencias” porque aunque los contratos con proveedores estén firmados, según han informado las autoridades, en los hospitales algunas empresas han comentado que no pueden surtir los productos porque no se les han cubierto deudas de años pasados.

Al respecto, Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), confirmó que IMSS-Bienestar sigue sin pagar las deudas que tiene con proveedores, algunas desde hace tres años cuando operaba el Instituto de Salud para el Bienestar. Pero, subrayó, las empresas agremiadas en Amelaf no han suspendido entregas por esta causa, aunque los volúmenes son más pequeños de lo que deberían ser, por la falta de recursos económicos.

Añadió que IMSS-Bienestar debe a las empresas de Amelaf entre 12 mil y 13 mil millones de pesos. Otro problema es con las entregas porque los almacenes de IMSS-Bienestar “están rebasados, con demasiada lentitud para la recepción o de plano saturados” y los camiones se tienen que regresar con los productos, sostuvo.