Tlalixtac De Cabrera, Oax., Más de un centenar de servidores públicos cesados en diciembre pasado marcharon ayer para demandar al gobernador morenista Salomón Jara Cruz que la reinstalación de las plazas suprimidas por el decreto 24 sea conforme a derecho, respeten su antigüedad y les paguen los salarios caídos; además exigieron una disculpa pública por las calumnias de las que fueron objeto.

Los afectados se manifestaron, luego de que el pasado martes el mandatario morenista anunció que todos los trabajadores despedidos a finales de 2024 --a quienes acusó de obtener de forma ilegal su plaza-- serían reintegrados a sus puestos, respetando su antigüedad y derechos laborales.

La movilización la llevaron a cabo en la carretera federal 190 Oaxaca–Istmo, hasta llegar a Ciudad Administrativa, complejo gubernamental que alberga diversas secretarías estatales, ubicada en el municipio de Tlalixtac de Cabrera.

Mónica Galán García, una de las participantes, explicó que la caminata se efectuó entre otras cosas, para reclamar a las autoridades estatales que ofrezcan una disculpa pública a los mil 344 empleados que fueron violentados en sus derechos, primero por el despido injustificado y luego por la campaña orquestada desde el gobierno estatal en la que se les acusaba sin pruebas de la compra de sus plazas.

Asimismo, indicó que hay rumores de que al restituirlos se les hará el pago de una sola quincena, lo cual, dijo, no sería aceptable, pues deben ser saldadas todas las que corresponden, además de otras prestaciones.

Añadió que hasta ayer no habían recibido ningún llamado de la Secretaría de Administración estatal, como se comprometió el gobernador; por ello también decidieron hacer acto de presencia en las oficinas de la dependencia.

De igual forma, indicó que según sus cálculos aún faltan aproximadamente 600 trabajadores en ser reinstalados, pues a lo largo de ocho meses más de 700 regresaron a sus puestos; sin embargo, aseguró que muchos de ellos fueron hostigados, por lo que pidió que aquellos que restan de concretar el proceso no sean víctimas de este tipo de acciones.

Durante la protesta, los asistentes lanzaron consignas contra la administración de Salomón Jara, sobre todo contra al consejero jurídico, Giovanni Vásquez Sagrero, quien fue el encargado de enviar el decreto al Congreso local para su aprobación.