En la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, integrantes de colectivos y familiares de personas ausentes hicieron protestas y encuentros para exigir acciones concretas que permitan dar con el paradero de sus seres queridos en Guerrero, Sinaloa, Chiapas y Quintana Roo.

Los colectivos Vicente Suástegui, Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero, entre otros, así como madres buscadoras marcharon por la franja turística de Acapulco.

Caminaron del asta bandera a la glorieta de la Diana para demandar a las autoridades que actúen para encontrar a sus familiares y que se detenga este delito.

La presidenta de la agrupación Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, Socorro Gil Guzmán, acusó que “siguen desapareciendo personas todos los días y las autoridades no implementan protocolos para iniciar su localización”.

Pidió que se hagan las indagatorias de inmediato cuando se presente un reporte y no esperar 24 ni 72 horas: “Los rastreos deben iniciar de forma rápida, en coordinación con la comisión de búsqueda y la Fiscalía General del Estado”.

Noé Amezcua Domínguez, de Familiares en Búsqueda María Herrera, así como de la Brigada Nacional de Búsqueda y la Red de Enlaces Nacionales, expuso que la historia de las familias buscadoras en el país, sobre todo en Guerrero, tiene 50 años .

Señaló que falta la homologación de la ley general estatal de personas desaparecidas en Guerrero con la ley federal, tras subrayar que la autoridad no tiene estrategias de localización.

En Sinaloa, colectivos se manifestaron en la explanada del palacio de gobierno en Culiacán, donde colocaron zapatos, tenis, fotografías y fichas de búsqueda para visibilizar a los no encontrados y exigir que se acabe la violencia en la entidad.

María Isabel Cruz Bernal, de Sabuesas Guerreras, afirmó que en el estado hay unas 2 mil 800 personas sin ser localizadas.

En tanto, el gobernador Rubén Rocha Moya, al pasar por la explanada, expresó su solidaridad y apoyo a los colectivos. Dijo que se trabaja para la ubicación e identificación de los ausentes.

En Chiapas, familiares de personas desaparecidas reclamaron “acabar con la narrativa que criminaliza a los que injustamente han sido arrancados de nuestros hogares”.

Señalaron el maltrato de las autoridades cuando se levanta el reporte por desaparición, “porque al ausente se le criminaliza y se deja de lado que tiene derecho a ser buscado sin importar las circunstancias”.

Durante el foro ¿Por qué los buscamos? La desaparición forzada de personas, un tema del que necesitamos hablar, Frida Berenice Hernández López, cuyo padre, Gabriel Hernández Jiménez, de 51 años, desapareció el 30 de julio de 2024, indicó que “lo primero que me dijeron las autoridades cuando acudí a interponer la denuncia fue que a lo mejor andaba de borracho o quién sabe en qué estaba metido”.

Estudiante de leyes en la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, Hernández López indicó que “cuando hice la declaración no me sentí protegida. Siento que las autoridades fueron las primeras en darnos la espalda desde que mi papá desapareció” en Chiapa de Corzo.

Kenia García Chulín, alumna de la facultad de Ciencias Sociales, denunció que sus padres, Luis García Hidalgo y Rosario del Carmen Chulín Hernández, así como su hermano Enmanuel García Chulín, de 12, desaparecieron en el municipio de Emiliano Zapata, junto con otras cuatro personas el 23 de noviembre de 2024. “No se puede hablar de justicia mientras se normaliza la desaparición, ni de seguridad cuando se acusa a las víctimas”, agregó.

En Quintana Roo, madres buscadoras lamentaron que Morena en el Congreso estatal aprobara “al vapor” una ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas sin consultar a las víctimas. Reclamaron que nunca fueron escuchadas para participar, en el proceso y la emisión de dicha ley, lo que consideraron una burla.

Héctor Briseño, Irene Sánchez, Elio Henríquez y Patricia Vázquez