Guadalajara, Jal., La Asamblea Estudiantil Interuniversitaria congregó a por lo menos 800 alumnos de varios campus de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que ayer por la mañana marcharon de la torre de Rectoría –donde entregaron un pliego petitorio al secretario general de la casa de estudios, César Barba Delgadillo– al palacio de gobierno, donde instalaron un plantón y abrieron una mesa de diálogo con la administración estatal.

Las exigencias principales: el desconocimiento de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) como representantes de los alumnos y la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario (CGU) que se realizan esta semana, son los puntos que mantienen confrontadas a ambas partes, luego de que reiteraron que no son negociables.

Aunque parece poca la participación en el contexto de una institución educativa que sólo en sus centros universitarios del área metropolitana de Guadalajara tiene 108 mil 630 alumnos y en toda la red, incluidas preparatorias, suma 340 mil, en los hechos se trató de la marcha de alumnos más numerosa de los años recientes no convocada por la FEU.

Antes de partir de la explanada en la torre de Rectoría, una comisión de estudiantes entregó a Barba Delgadillo el pliego petitorio de tres planteles metropolitanos y un cuarto que es general, sin que se estableciera un diálogo entre él y los inconformes.

El secretario general de la UdeG reiteró la disposición a dialogar de la administración de la casa de estudios, pero negó que se pueda cumplir la petición de suspender las elecciones del CGU que comienzan hoy.

Respecto a la exigencia de los inconformes para desconocer a la FEU, Barba Delgadillo afirmó que la UdeG no interviene en los procesos estudiantiles y los alumnos que lo deseen pueden participar, incluso sin ser miembros de esa federación, para obtener cargos como dirigentes y así, con votos, lograr luego su integración al CGU.

El contingente partió poco antes de las 11 por avenida Juárez hacia el centro de la ciudad donde llegó pasado el mediodía bajo un sol abrasador.

Afuera del palacio de gobierno, con sombrillas y lonas, o lo que tenían a mano para protegerse de las altas temperaturas, los estudiantes realizaron un mitin.

Se solidarizaron con ellos grupos de docentes que también participaron en la movilización, organizaciones civiles y de derechos humanos como Eureka –que lamentó el deslinde de la Comisión Estatal de Derechos Humanos escudada en la “autonomía universitaria”–, el colectivo Memoria en Resistencia, familias y grupos de buscadores de personas desaparecidas.

María de Jesús Moya, una madre participante, dijo que el discurso de que personas ajenas a la UdeG están detrás de las manifestaciones es falso, porque “en una universidad pública nadie es ajeno”, por lo cual pidió dejar de estigmatizar a quienes se manifiestan fuera de los canales ordinarios de la institución.

“Vamos a seguir observando a las autoridades, a quienes se acerquen a los jóvenes, y obvio vamos a seguir tomando evidencia de quienes los transgreden, porque esa va a ser la mejor herramienta que tengamos como padres para defender a nuestros hijos, incluyendo el nivel medio superior y superior”, advirtió.

Tanya Méndez, maestra del campus de Ciencias Sociales y Humanidades, dijo que hay una petición que circula en Change.org para que los mentores que buscan mejores condiciones laborales puedan “firmar sin miedo”. Puso de ejemplo que existe un programa de promoción escalafonario desde 2005 que se ejerce bajo criterios “arbitrarios e ilegales”, sin contar que 62 por ciento de la planta docente de la UdeG trabaja por asignatura y carece de muchas prestaciones.

Luego, una comisión de alumnos, que esperó largo rato para ingresar a palacio de gobierno, abrió una mesa de trabajo con Iván Ricardo Chávez Gómez, subsecretario del Interior de la administración estatal, en la que como es común el resultado fue que les dijeron que iban a analizar los puntos del pliego petitorio.

Seis demandas torales a Planter y Lemus

El pliego petitorio consensuado entre los distintos campus de la UdeG en los días recientes, está dirigido a la rectora Karla Planter y al gobernador Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano. Contiene seis puntos torales con demandas específicas para mejorar la gobernanza, la gratuidad, la infraestructura, y garantizar los derechos y la seguridad de la comunidad estudiantil.

Piden la reforma a la Ley Orgánica de la UdeG porque consideran que la actual no garantiza la democracia, la gratuidad de la educación pública ni los derechos de los estudiantes, trabajadores y académicos.

Demandan que ni la FEU ni los sindicatos de trabajadores y académicos “que no representan los derechos de la comunidad universitaria” sigan participando como integrantes del CGU, pues sus decisiones sólo responden a los intereses de la cúpula universitaria.

El pliego exige el reconocimiento de las asambleas estudiantiles que se realizan en los espacios universitarios como una representación real, democrática y transparente de la comunidad, con espacios libres de violencia para realizar sus actividades políticas y no en la calle, como ha ocurrido varias veces en las dos semanas recientes.

Dijeron aspirar a la gratuidad en la educación en su máxima expresión, que garantice el ingreso y la permanencia de los alumnos, con medidas como la eliminación de cuotas y pagos obligatorios; desaparición de exámenes de selección, becas de manutención, transporte universitario seguro y gratuito, rehabilitación de centros y escuelas, equipamiento tecnológico, comedores subsidiados y el respeto al derecho a huelga sin criminalización.

Además, se exige castigo a “los autores materiales e intelectuales de la represión estudiantil” los días 10 y 11 de septiembre pasados, entre ellos Érika Loyo Beristáin, quien ejerce de defensora de los derechos universitarios; César Barba Delgadillo, secretario general; Nallely Guadalupe Robles Ortiz, secretaria administrativa del campus de Ciencias Sociales y José Antonio González Orozco, jefe de la Unidad de Instalaciones Deportivas del Tecnológico de la UdeG.