Jesús Octavio García González es el nuevo responsable de la administración del Instituto Nacional Electoral (INE), designado como encargado de despacho, con lo que suman 11 posiciones en la Junta General Ejecutiva, de 19 asientos en esa instancia de decisión.

El nombramiento a favor de García González, ex funcionario en el Instituto Electoral de Veracruz, se da en medio de otros cambios en el área financiera y de contabilidad del organismo, el cual ejerce este año un presupuesto de alrededor de 20 mil millones de pesos, y para 2026 su petición es de 25 mil 956 millones (aparte de los 7 mil 737 de financiamiento a partidos políticos).

Después de conocerse la asignación del responsable de una de las principales áreas del INE circularon distintas versiones de que el nuevo funcionario fue gestor de empresas comercializadoras de materiales, en momentos en que el instituto debe planear compras millonarias.

Lo anterior, porque en 2027 coincidirán los procesos para renovar la mitad de posiciones en el Poder Judicial, la Cámara de Diputados, gubernaturas y alcaldías, entre otras elecciones a cargo o coordinadas por el INE.

En cuanto al antecedente de García González, hay al menos una licitación del instituto comicial de Jalisco, en 2021, donde aparece una persona con ese nombre como representante de Cajas Graf, dedicada a la fabricación y venta de mamparas y otros materiales para votar.

También figura ese nombre en una licitación del instituto de Campeche para la elección del año pasado; en este caso como representante legal del Corporativo Zeg SA de CV.

Por lo pronto, el abogado –cuyo currículo todavía no aparece en la página oficial del INE, pero sí su nombre y cargo– ya se incorporó a la Junta General Ejecutiva.

Consejeros, libres

El INE emitió un comunicado en el que señala que los consejeros tienen plena libertad para emitir votos con base en convicciones jurídicas y técnicas, “sin presiones ni condicionamientos”; de ahí que “ninguna valoración individual puede ser objeto de persecución administrativa o sanción externa”.

En el escrito no se menciona de manera explícita la investigación del Órgano Interno de Control contra seis consejeros (tres de la integración actual) por haber votado en favor de “posponer” la realización de la consulta de revocación de mandato en 2001, con el argumento de que el instituto no había recibido de la Cámara de Diputados los recursos necesarios para hacerla.