En su primer mes de funcionamiento, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió para escuchar los reclamos sociales e incrementó el número de atenciones presenciales.

Por un lado, el pleno emitió un acuerdo para crear y regular las “audiencias públicas” y, por otro, instauró una política de “puertas abiertas” que ha obligado al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y a otros ministros a recibir, de últi-mo momento, en sus oficinas, a ma-nifestantes que llevan al exterior del máximo tribunal sus demandas, algunas añejas, incluidos jubilados del IMSS, electricistas, comunidades indígenas y personas que litigan por su derecho al agua.

De acuerdo con la Dirección de Atención Ciudadana de la Corte, del 1º al 15 de septiembre recibieron 451 casos, casi el doble de los 277 registrados en el mismo periodo de 2024 cuando el alto tribunal era encabezado por la ministra ahora en retiro Norma Lucía Piña Hernández.

En este mes, el mayor incremento se presentó en las atenciones presenciales (104), seguidas por las documentales (83) y las telefónicas (143); la única que disminuyó fue la de contacto vía electrónica (121). En cambio, el año pasado se registró un bajo número de atenciones presenciales (8), documentales (28), telefónicas (113) y electrónicas (121).

Entre las manifestaciones más significativas del mes se encuentra la de Silvia Castillo, quien protestó casi semidesnuda para exigir justicia por el asesinato de su hijo.

También la de un padre que denunció afuera de la Corte negligencia médica contra su hijo Ramsés Olmedo Pimentel. En la segunda semana, unos 60 vecinos de Ecatepec, acompañados por la diputada Miriam Silva, acudieron a la Corte para exigir amparos que les garanticen agua y drenaje. Tras gritar “¡Tribunal abierto!”, entregaron su solicitud y fueron recibidos por el ministro presidente.

El pasado 22 de septiembre se presentaron más de 300 jubiladosdel IMSS de todo el país, y Aguilar los recibió. “La justicia es escuchar…nos comprometimos a analizar a fondo sus planteamientos”, escribió el ministro en redes sociales.

El 24 de septiembre, el presidente de Corte se reunió con maestros jubilados de Chiapas. “Escuché sus inquietudes sobre el cálculo de sus pensiones y reiteré mi compromiso de revisarlas con las y los ministros”, señaló el abogado.

El acuerdo general 5/2025, aprobado el 3 de septiembre por el pleno de la Suprema Corte, regula audiencias públicas para que las partes involucradas, autoridades, pueblos indígenas, personas vulnerables y expertos pueden presentar información y argumentos antes de que el pleno resuelva. Aunque no son vinculantes, estas sesiones –videograbadas y abiertas al público– buscan transparentar y hacer más participativa la justicia constitucional.