Ante las inconsistencias en las explicaciones que ha dado la Grupo Tomza, propietario de la pipa que causó una explosión en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, el gobierno federal esperará a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emita la resolución definitiva sobre las causas del accidente.

A partir de ello se determinará si la empresa podría ser sancionada por alguna irregularidad o tenga responsabilidad en el mismo, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por separado, la titular de la fiscalía capitalina, Bertha Alcalde, informó que 74 familias han aceptado que los asesores jurídicos de esta dependencia sean quienes los representen sin costo alguno en el proceso legal que se lleva a cabo por la explosión ocurrida el 10 de septiembre pasado.

Abogados aprovechados

Aclaró que las víctimas y sus familiares están en su derecho de tener una representación jurídica privada, pero consideró que se debe ser cauteloso porque hay abogados que se aprovechan y engañan a las personas para quedarse con una proporción de los recursos que se obtienen por la reparación del daño.

Señaló que la fiscalía está brindando este servicio de manera gratuita, de tal forma que, a la hora de la reparación del daño, el monto total de los recursos pueda ir a las familias.

Alcalde explicó que se integró una sola carpeta de investigación sobre el caso y se han presentado 75 querellas formales por el accidente, que dejó 90 víctimas, con 31 personas fallecidas hasta ahora.

Reiteró que la próxima semana se darán a conocer los resultados de una primera etapa de la indagatoria relacionada con la explosión de la pipa, que incluye distintos peritajes, para determinar la causa del accidente.

Expedientes abiertos

En tanto, el director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Armando Ocampo, informó que Grupo Tomza tiene abiertos 32 expedientes administrativos por un conjunto de irregularidades que en su mayoría están en la etapa de sustanciación.

Precisó que en dos casos se ha determinado imponer sanciones conjuntas por un monto de 160 millones de pesos, pero se está a la espera de la resolución definitiva en el Poder Judicial.