Con una iniciativa de reforma a la Constitución y a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados busca recuperar el alcance “transparente y objetivo” de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e impedir que allí “se perpetúen intereses particulares en la revisión del gasto público”.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es suprimir la relección del auditor, si bien David Colmenares Páramo, de 74 años, que termina su encargo el 14 de marzo de 2026 podría competir por otro periodo de ocho años, pero con candados en su actuación previstos en la iniciativa, como restituir el consejo de dirección, que el funcionario eliminó, y prohibir el nepotismo.

El titular de la ASF fue designado por la cámara el 14 de marzo de 2018, con 377 votos a favor y 64 nulos de un sector del PAN y del extinto PRD, que objetaron no sólo la nominación hecha por Morena con el respaldo del PRI, sino el origen de su grupo político en Oaxaca, donde fue funcionario de Heladio Ramírez López y Diódoro Carrasco Altamirano.

La iniciativa propone cambiar el segundo párrafo de la fracción V del artículo 79 constitucional, que si bien mantiene la duración, acota que el nombramiento será “sin posibilidad de relección”. Este diario preguntó a la ASF su postura sobre la iniciativa y la respuesta fue: “no la tenemos ni la tendremos”.

Se busca independencia

En la exposición de motivos del proyecto, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, resalta: “Al impedir la continuidad en el cargo se promueve la independencia de la ASF, evitando incentivos para la alineación política o la falta de objetividad en la toma de decisiones”.

También incluye nuevas fechas para el proceso de fiscalización de la cuenta pública y resalta que actualmente transcurren casi dos años desde el inicio del ejercicio fiscal hasta la presentación del informe general de la revisión a la cuenta pública.

Primero, se pide adelantar al 31 de marzo la obligación del gobierno federal de presentar la cuenta pública, esto es un mes antes de lo previsto, en el artículo 74 constitucional. También, que se entregue un solo informe individual en agosto –y no dos en junio y octubre– y el general en enero y no en febrero, y que la Cámara adelante seis meses la revisión de la cuenta pública, a marzo y no en octubre de cada año.

Ramírez Cuéllar propone que la ASF apruebe y publique el programa anual de auditorías a más tardar el 30 de diciembre de cada año. En 2022, por ejemplo, Colmenares lo publicó hasta finales de marzo.

Además, en la Ley de Fiscalización prevé romper con el punto de vista único de supervisión, con medidas como restituir el órgano colegiado de consulta de la ASF, que en la selección de candidatos al cargo participe la sociedad civil, obligar al auditor a presentar a la Cámara un informe de las denuncias penales por desvío de recursos, impedir que el auditor tenga vínculos familiares con funcionarios del gabinete presidencial, de la Fiscalía General de la República, la Suprema Corte, gobernadores, senadores y diputados.

“Eliminar posibles influencias familiares garantiza una fiscalización más objetiva y libre de favoritismos”, resalta.