Durante el año en curso, los 32 institutos electorales estatales y los partidos políticos locales representaron un gasto de 17 mil 136 millones de pesos, incluidas las asignaciones para la renovación del Poder Judicial en 19 entidades, según datos compilados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La cifra es cercana a los 19 mil 645 millones asignados al propio INE para su gasto base y la organización de la primera elección judicial federal, realizada el pasado 1º de junio.

En este mismo gasto político del país, están las prerrogativas para los partidos nacionales, hasta el momento intocables porque se calculan con base en una forma constitucional (7 mil 354 millones de pesos para 2025 y 7 mil 737 millones para el año próximo), los tribunales electorales estatales, también financiados por cada gobierno local, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actualmente con una bolsa presupuestal de cerca de 4 mil millones de pesos.

Pero, el Poder Ejecutivo alista una reforma electoral para presentarla en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Según declaraciones de funcionarios federales encabezados por la Presidenta de la República, uno de los objetivos es reducir el gasto político-electoral en el país.

Entre los parámetros de la reforma han mencionado la reducción de los legisladores de representación proporcional (plurinominales) y también al financiamiento a los partidos políticos. Asimismo, la anulación de los Oples (organismos públicos locales) y de los tribunales electorales estatales, las 300 oficinas distritales del INE e incluso modificar la manera de elegir a los consejeros electorales.

En ese contexto, el INE diseña una propuesta que incluye la defensa de su propia estructura descentralizada y de los llamados Oples, al señalar que son indispensables para el sistema nacional electoral creado en 2014.

El más reciente informe del INE al respecto indica que la mayoría de los Oples tuvieron reducciones presupuestales frente a su solicitud original, sobre todo en las 19 entidades que renovaron su Poder Judicial por la vía del voto popular, pese a los remanentes y ampliaciones logrados por algunos. En ese reporte cinco entidades continuaban en riesgo alto (Colima, Zacatecas San Luis Potosí, Nayarit y Yucatán).

A nivel general, este año los montos aprobados en conjunto para los Oples (gasto operativo y elecciones extraordinarias) ascendió a 7 mil 190 millones de pesos; a ello se suman 6 mil 745 de financiamiento a partidos, para un total general de 13 mil 936 millones, más los recursos para organizar la elección judicial la suma es de 17 mil 136 millones.

El INE anunció que elabora dos documentos rumbo al proceso electoral 2026-2027 y prepara una propuesta de cambios legales para su participación en la discusión de la reforma electoral. La base será el análisis de los dos procesos recientes, el de junio de 2024 (federales y locales) y la judicial de 2025.