La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realiza hoy, por primera vez en su historia, una audiencia pública con grupos sociales, en la que los ministros escucharán a personas con discapacidad antes de resolver la acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.

El proyecto, elaborado por la ministra Lenia Batres, propone modificar el criterio que la Corte ha sostenido durante la década reciente, el cual invalidaba automáticamente leyes que no hubieran sido consultadas previamente con personas con discapacidad. Sin embargo, integrantes de organizaciones sociales que participarán en la audiencia advirtieron a La Jornada que, de aprobarse tal modificación, se restringirían sus derechos, ya que se permitiría que las comisiones de derechos humanos actúen únicamente a petición directa de una persona con discapacidad.

Marco Polo López Santos, representante en Oaxaca del Movimiento de Personas con Discapacidad, señaló que la propuesta limita las facultades constitucionales de las comisiones de Derechos Humanos, establecidas en el artículo 105, y reduce la garantía a la consulta a un trámite formal, cuando en realidad –aseguró– “es un derecho sustantivo que afecta directamente la vida y los derechos de las personas con discapacidad.

“De aprobarse un cambio de criterio de esta naturaleza, estaríamos perdiendo la garantía de que cuando se crea una ley sin consulta previa, ésta sea invalidada automáticamente por la Corte. Por ello, las comisiones de Derechos Humanos, tanto las estatales como la nacional, deben mantener su facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad por sí mismas”, subrayó.

La acción de inconstitucionalidad 182/2024 debía discutirse en el pleno el pasado 13 de octubre, pero el análisis fue pospuesto luego de que organizaciones sociales solicitaron ser escuchadas, con base en el acuerdo general 5/2025, que dio origen al nuevo mecanismo de audiencias públicas. La convocatoria, emitida el 14 de octubre, se amplió de un día a tres jornadas –hasta el 22 de octubre–, tras recibirse 306 solicitudes; sin embargo, sólo 102 fueron aceptadas.

Colectivos denunciaron que el proceso no fue del todo accesible. Martha García Álvarez, del Movimiento de Personas con Discapacidad, indicó que los plazos fueron “muy cortos, de apenas tres días”, y que faltaron formatos de lectura fácil y plataformas compatibles con lectores de pantalla, lo que limitó la participación de personas con discapacidad intelectual o visual.

“El registro en la plataforma de la Suprema Corte tampoco es muy accesible para lectores de pantalla… Realmente las medidas de accesibilidad no están. Y eso puede ser el primer reflejo de cómo va a ser esta audiencia”, advirtió.

La audiencia se llevará a cabo de 12 a 16 horas en la sede de la Corte, con la participación de integrantes de las organizaciones Padres e Hijos con Discapacidad Intelectual, Un Mundo sobre Ruedas y Latido Colibrí, además de grupos internacionales como Human Rights Watch.