Chihuahua, Chih., A siete años del asesinato de Julián Carrillo Martínez, defensor rarámuri del bosque y del territorio de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, sus familiares denunciaron que permanecen en desplazamiento forzado, sin garantías de seguridad ni reparación integral, mientras continúa el despojo y la tala ilegal de su comunidad por parte del crimen organizado.

Julián era comisario de bienes comunales de Coloradas de la Virgen y acusó la explotación forestal ilegal que realizan mestizos y narcotraficantes; por este activismo, murió ultimado el 24 de octubre de 2018, tras años de hostigamiento y violencia que también costó la vida de varios de sus familiares.

El colectivo Alianza Sierra Madre, que representa a la esposa, hijos, nietos y nietas de Julián, así como a otros habitantes desplazados de Coloradas de la Virgen, señaló que la falta de justicia y de protección perpetúan el riesgo para quienes continúan la defensa del territorio.

La familia de Julián vivió amenazada por años debido a su actividad. El 5 de febrero de 2016 su hijo Víctor Carrillo fue asesinado; después su sobrino Guadalupe Carrillo Polanco, en julio del mismo año.

El 1 de julio de 2017 su sobrino, Alberto Quiñones Carrillo, también fue víctima de homicidio, y el 1º de julio de 2018 criminales ultimaron a su yerno Francisco Chaparro Carrillo, pese a contar con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

A Julián Carrillo un grupo de sicarios lo sacó de su casa, y lo acribilló en 2018, cuando supuestamente contaba con protección federal.

La familia huyó y no puede regresar a su comunidad

“Su esposa, hijos, nietos y nietas –tuvieron que huir de su comunidad para salvar la vida– siguen sin poder regresar. No cuentan con garantías de seguridad ni con una reparación integral por los daños. Viven lejos del territorio que Julián defendió, sin acceso pleno a sus derechos y con el peso de una justicia que no llega”, recalcó la agrupación.

“Mientras tanto, en Coloradas de la Virgen el bosque continúa talándose, las viviendas y las tierras de cultivo fueron usurpadas, y el Estado mexicano no ha garantizado condiciones de seguridad ni de retorno digno para la comunidad desplazada. La violencia les arrebató todo, y nada ha sido reparado”.

“El caso de Julián simboliza el abandono institucional, en México y Latinoamérica, hacia las personas defensoras de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas. La falta de justicia y protección perpetúa el riesgo para quienes continúan la defensa del territorio”, añadió.