El Instituto Nacional Electoral (INE) carece de recursos humanos y materiales suficientes para atender sus nuevas responsabilidades en materia de transparencia, sobre todo como garante de los partidos políticos, a fin de que éstos cumplan con la entrega de información pública.

Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia del INE, advirtió que la Unidad Técnica respectiva se encuentra “claramente rebasada”, especialmente tras el envío de 27 trabajadores especializados a otras áreas y por la falta de atención del titular (José Luis Arévalo Romo), quien fue la primera designación de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

“Estamos en una situación sumamente crítica en aras de implementar la reforma en materia de transparencia y acceso a la información”, señaló el consejero.

Frente al consejo general del INE –y en la mesa privada de consejeros, según fuentes consultadas– reprochó que, ante distintas solicitudes, dicha unidad ha entregado insumos “incompletos, deficientes, extemporáneos e imprecisos”. Aseguró que la Secretaría Ejecutiva falló con el envío de información, como la presupuestal, precisamente para encontrar una solución y cumplir con atribuciones constitucionales derivadas de los cambios en la estructura nacional en materia de transparencia.

“Desde mi perspectiva, la Unidad Técnica de Transparencia se encuentra claramente rebasada para llevar a cabo sus funciones como secretaría técnica de la Comisión de Transparencia y como unidad responsable de implementar las funciones de autoridad garante de los partidos políticos y cumplir así con las cargas de trabajo del INE, como sujeto obligado.”

El consejero pidió soluciones y, sobre todo, que las fallas, dilaciones, desatenciones y omisiones no se repitan, al considerar que se trata de respuestas institucionales inaceptables. “No es una cuestión menor”.

La consejera Dania Ravel señaló que en el nuevo esquema constitucional el INE fue dotado de atribuciones para ser autoridad garante en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, en cuanto hace a los partidos políticos.

Ante esa transición, el 28 de julio el Consejo General del INE determinó suspender por 90 días naturales los plazos para los trámites, procedimientos y medios de impugnación presentados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y otros medios.