Por vez primera, el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Comité de Patrimonio Inmobiliario, tendrá que pronunciarse respecto a la administración del deportivo La Fragata, ubicado en la alcaldía Coyoacán, donde fueron denunciadas prácticas ilegales de privatización y cobros fuera de la ley.

La solicitud la hizo el Congreso de la Ciudad de México directamente al comité para que remita un informe respecto del régimen jurídico del deportivo y su administración, tras un punto de acuerdo propuesto por el diputado Paulo García, de Morena, aprobado por el pleno.

Además, analiza una reforma a la Ley de Alcaldías para asegurar que, al menos 90 por ciento del tiempo del uso de los espacios públicos –como los deportivos– se destine al acceso libre y gratuito de la comunidad, y sólo hasta 10 por ciento pueda destinarse a uso oneroso regulado, ante las prácticas detectadas en la alcaldía Coyoacán. Dicha actuación fue calificada por la diputada Valentina Batres, autora de la iniciativa, como una manera de privatizar las áreas que deben ser gratuitas para la población.

Manuel Palacios, representante de la comisión de participación ciudadana, ha interpuesto diversas denuncias penales sobre la privatización de espacios públicos de La Fragata, como las canchas de futbol. Si bien en su momento logró revertir la firma de un convenio con la empresa City Sports Systems SA de CV, que cobraba diversas cuotas a los usuarios por el uso de los bienes públicos, ningún funcionario de las administraciones de Mauricio Toledo y Manuel Negrete fue investigado al respecto.

Testimonios anónimos revelaron que continúan los cobros irregulares por funcionarios públicos de la alcaldía Coyoacán para el uso de los espacios en el deportivo La Fragata.

Además del cobro fijado en la Gaceta Oficial, a los usuarios les cobran cuotas diferenciadas de entre 5 mil y 10 mil pesos que deben entregar en efectivo a los jefes de la subdirección de Promoción Deportiva de la demarcación.

Palacios acusó que el alcalde Giovani Gutiérrez sigue poniendo “oídos sordos” a las denuncias, pese a que desde 2022 se dio a conocer que ex servidores públicos cobraban cuotas superiores a los de la ley y en efectivo, lo que derivó en la renuncia del ex titular del área, Emmanuel Espíritu.

La falta de atención a los deportivos no sólo se ve reflejada en su infraestructura, dijo, sino también en la falta de vigilancia, ya que “hay consumo de drogas y venta prácticamente en la esquina de (las calles) París y Gómez Farías”.