as movilizaciones de productores rurales en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa expresan un estado de ánimo en el medio rural. Los asesinatos de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, y antes de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los limoneros, ambos en Michoacán, son el signo ominoso del campo y constituyen parte indisoluble de la problemática actual.

El campo mexicano condensa hoy un conflicto de seguridad nacional, de seguridad pública y de desarrollo local y rural.

Mis próximas entregas buscan desentrañar uno de los más graves retos que enfrenta el país, el campo.

El primero, sobre el ámbito externo, lo he discutido ampliamente. Y al tercero, sobre las escisiones en las élites políticas y económicas, me referiré después de la discusión sobre el campo.

En el campo enfrentamos dos posibles escenarios. Describo el primero.

Un escenario indeseable: la decadencia administrada.

En este escenario se mantiene la continuidad de las décadas recientes en sus cuatro ámbitos centrales: la desconexión de las políticas sociales al campo y de las políticas de fomento productivo rural, la tendencia a favorecer con el gasto público a las regiones de agricultura más avanzadas, la fragmentación de las políticas y programas orientados a los pequeños productores y la ausencia de una política integral de protección y desarrollo de los recursos naturales.

El supuesto central es que el dinamismo de la agricultura comercial logrará en el agregado compensar las importaciones de granos, y que las políticas de combate a la pobreza limitarán las movilizaciones antigubernamentales en el campo.

En este escenario aumenta la bre-cha entre la agricultura comercial y la pequeña agricultura; se siguen deteriorando los recursos naturales y continúa la inercia de la política asistencial. Sin embargo, con un crecimiento económico similar al promedio de los pasados 20 años, será́ difícil evitar explosiones espontáneas de des-contento rural, tanto por asuntos sociales como por temas productivos y ecológicos.

Esta teoría del cambio enfrenta, además, dos realidades incontrovertibles. Por un lado, el crecimiento de la economía se ha mantenido en niveles de casi estancamiento en las últimas cinco décadas y, por otro, el crecimiento sectorial apenas ha sido superior al demográfico a causa, sobre todo, de la ralentización del crecimiento demográfico. Las tensiones del empleo agrícola y no agrícola más las tendencias migratorias internas hacia ciudades medias, generarán importantes dilemas para las políticas rurales.

La segunda realidad, tan importan-te como la primera, es que esa teoría del cambio funcionó en el marco de una economía cerrada. La integración a los mercados mundiales, iniciada con la apertura comercial desde mediados de los 80 con el GATT, y luego a partir de 1994 con el TLC –y los demás acuerdos o tratados comerciales con Europa y otros países–, modificaron sustancialmente el papel del sector agropecuario y forestal hacia un modelo que ha privilegiado el mercado externo y las exportaciones. Desde luego que muchos de esos impactos se observan en el vigoroso dinamismo de las exportaciones agroalimentarias; sin embargo, también aumentan las vulnerabilidades a partir de temas como las migraciones y las tendencias proteccionistas del gobierno estadunidense.

Este escenario se desarrolla en un contexto de enfriamiento de la demanda internacional. El comercio agroalimentario se está reconfigurando con el afianzamiento de un mundo multipolar o globalización fragmentada que incluye un debilitamiento del papel de los acuerdos multilaterales y un fortalecimiento de acuerdos bilaterales. La segunda tendencia es la creciente importancia de los productos intermedios en el comercio internacional. Finalmente, la tercera tendencia es hacia el proteccionismo vía medidas arancelarias y no arancelarias.

Hay desde luego otro escenario que exige reconstruir el campo. Hablaré de éste en mi próxima entrega.