os eventos de las últimas semanas en nuestro país se han convertido en un fenómeno digno de análisis permanente, pero sobre todo en un claro ejemplo de la manera en la que la sociedad ha llegado, nuevamente, a un punto de inflexión y hartazgo con respecto a los crecientes niveles de violencia, impunidad e injusticia que imperan en nuestro país.

Por supuesto que el hecho de que el crimen organizado continúe desarrollándose en diversas partes de México no es novedad, y tristemente no es una situación que sea palpable sólo por los mexicanos, sino también por diferentes organizaciones alrededor del mundo.

De acuerdo con datos del Índice Global de Delincuencia Organizada publicado el pasado 10 de noviembre por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, institución independiente que ha trabajado con la Organización de Naciones Unidas y con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otras muchas, se afirma que México es, en 2025, el tercer país más afectado por la delincuencia organizada en el mundo.

Este análisis ubica a nuestro país con una puntuación de 7.68 sobre 10 sólo superada por Myanmar y Colombia. Es así que, lamentablemente, nos hemos consolidado como uno de los epicentros mundiales del crimen organizado trasnacional. El informe, que evalúa 193 naciones, no deja lugar a dudas y aunque nos duela reconocerlo, México pareciera que no sufre un problema de inseguridad; padece una economía criminal paralela que compite, y en muchas regiones supera, a los diferentes niveles de gobierno.

Los números son demoledores: de los 15 mercados criminales analizados, México obtuvo la calificación máxima (9.0 o superior) de 10: trata de personas, tráfico de personas, extorsión y cobro de piso, tráfico de armas, comercio de cocaína, heroína, drogas sintéticas, grupos de estilo mafioso, redes criminales y actores estatales infiltrados. El promedio de mercados criminales es de 8.27 y el de actores criminales 7.10. Ningún otro país del continente se acerca a esta concentración de poder delictivo.

¿El cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa no son ya simples organizaciones narcotraficantes; son en realidad conglomerados empresariales que controlan territorios enteros, imponen impuestos, deciden qué se siembra, qué se extrae y, en demasiados casos, quién vive y quién muere?

¿Cuánto cuesta esto a la economía mexicana? Aunque no existe una cifra oficial, en datos del Informe del Índice de Paz México el costo económico de los niveles extremos de violencia en nuestro país es alarmante. Tan sólo el año pasado, el impacto económico de la violencia aumentó por primera vez desde 2019. En 2024, se estimó que la repercusión económica de la violencia fue de 4.5 billones de pesos, equivalente al 18 por ciento del PIB de México.

También se menciona que hubo tres estados en los que el importe económico de la violencia fue sustancialmente más alto que en el resto. En Morelos, Colima y Guerrero, el costo representó más de 35 por ciento del PIB estatal e incluso se afirma que dado que el margen de ganancia del fentanilo puede ser hasta 2 mil 700 veces su costo original de producción, se estimaba que, para 2022, los cárteles obtenían ingresos brutos de entre 700 millones y mil millones de dólares anuales por el comercio de esta droga.

Los datos anteriores nos revelan un poco de la realidad, miles de millones de pesos dejan de financiar escuelas, hospitales, carreteras y policías para aumentar el patrimonio de los criminales que imperan en nuestro país. La violencia ya no puede ser catalogada como un “ajuste de cuentas entre narcos”; con tristeza se ha convertido en un nuevo orden social.

En diversas partes del país, el cobro de piso es tan rutinario como pagar la luz, en estados fronterizos los migrantes son tratados como mercancía que se compra, vende o desecha en diferentes rutas, en múltiples puertos llegan cada mes toneladas de precursores químicos chinos que se convierten en fentanilo en laboratorios clandestinos; ya ni siquiera hace falta un evento extraordinario, la violencia se ha convertido en un ruido de fondo de la vida cotidiana mexicana.

Mientras tanto, la capacidad de respuesta de los diferentes niveles de gobierno es dramáticamente baja. El Índice Global de Delincuencia Organizada pondera 4.50 sobre 10 en el pilar de resiliencia, otorgándonos el puesto 111 mundial. Los indicadores más críticos son integridad territorial con 3.0, apoyo a víctimas y testigos con 3.5 y liderazgo político y gobernanza con 3.5.

La crítica es dura, pero necesaria, las diferentes instancias gubernamentales simplemente no controlan gran parte de su territorio ni protegen a cada vez más amplios sectores de la población. Las políticas públicas para brindar seguridad, justicia y paz no han reducido la violencia, incluso las organizaciones del crimen organizado han respondido creando hasta ejércitos privados con drones kamikaze, minas, autos blindados, armamento, tecnología de punta y misiles antitanque.

México ya no es sólo un país con problemas graves de inseguridad. Es un país donde el crimen organizado ejerce funciones de “gobierno” en amplias regiones: recauda impuestos (extorsión), regula mercados (aguacate, madera, pesca, minería), administra “justicia” y hasta controla prisiones desde donde sus líderes siguen dando órdenes. La violencia que antes parecía distante cada día se vive con mayor crudeza.

La pregunta incómoda que crece constantemente es ¿Hasta cuándo gobierno y sociedad permitiremos esto?

*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política