pocos días de los comicios del 30 de noviembre, Honduras no enfrenta una elección ordinaria. Enfrenta un referendo implícito sobre si el cambio de modelo iniciado en 2022 será consolidado o revertido.
Las encuestas, tanto las publicadas por medios críticos al gobierno como las realizadas por consultoras independientes, coinciden en un dato difícil de controvertir: Rixi Moncada, candidata del partido Libre, lidera con una ventaja que oscila entre 21 y 32 puntos según la fuente. En un sistema de mayoría simple y única vuelta, esa diferencia convierte la discusión sobre quién ganará en algo secundario; la pregunta relevante es ¿qué pasará después del 30 de noviembre?
El cierre del ciclo de Xiomara Castro constituye el primer elemento que da contexto a esta elección. La presidenta entrega indicadores que ningún gobierno anterior había alcanzado: inversión pública acumulada de 304 mil 487 millones de lempiras, cifra que representa 79 por ciento más que la suma de los tres gobiernos del Partido Nacional entre 2010 y 2021; reducción de 14 puntos porcentuales en pobreza extrema (de 53.7 a 40 por ciento) y de 11 puntos en pobreza general; incorporación de más de 930 mil familias al bono energético permanente.
Estos datos, provenientes del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadística, han sido validados incluso por organismos multilaterales que difícilmente pueden ser acusados de simpatía ideológica con Libre.
Un segundo fenómeno es la reacción de los sectores que perdieron el control monopólico del Estado. Los audios revelados por la Fiscalía General, cuya autenticidad aún está en disputa judicial, no hacen más que poner en evidencia lo que los analistas ya venían señalando: cuando un grupo de poder pierde privilegios después de décadas, la respuesta suele pasar por la desestabilización institucional antes que por la competencia electoral limpia. El precedente del golpe de 2009 y los cuestionamientos internacionales a los procesos de 2013 y 2017 forman parte del mismo continuum histórico.
El tercer elemento es el perfil de la candidata puntera. Rixi Moncada no encaja en el estereotipo clásico de la candidata de continuidad. Su trayectoria combina experiencia técnica (jueza penal, magistrada de apelaciones, ministra de Finanzas y de Defensa) con episodios de alto perfil internacional: fue la única observadora que sostuvo públicamente, con respaldo técnico posterior, que en Bolivia 2019 no hubo fraude cuando la OEA (Organización de Estados Americanos) afirmaba lo contrario.
Esa combinación le otorga dos activos escasos en la política hondureña: credibilidad institucional y capacidad demostrada de resistir presiones externas.
Sus propuestas centrales –Ley de Justicia Tributaria, eliminación progresiva de exoneraciones de larga duración, auditoría de concesiones post-2009, rechazo al empleo por horas y eliminación de la Central de Riesgos– no son medidas raras en el contexto latinoamericano. Países como Chile, Colombia o Uruguay han implementado reformas similares en los últimos 15 años sin colapsar sus economías ni ahuyentar la inversión privada seria. En Honduras, sin embargo, tocan intereses que durante décadas operaron como intocables.
Desde una perspectiva estrictamente política, el escenario post-electoral admite tres variantes. Una victoria amplia de Moncada implicaría la consolidación institucional del modelo iniciado en 2022 y, con toda probabilidad, tensión creciente con los sectores que perderán privilegios fiscales y contractuales.
Un resultado ajustado (menor a 8 puntos) abriría una ventana para impugnaciones, presión mediática y posible crisis institucional prolongada. Un sorpresivo cambio de tendencia en la última semana, escenario que ninguna encuesta seria registra hasta ahora, generaría un nivel de imprevisibilidad muy alto.
La variable decisiva no será la intención de voto captada por los sondeos, sino la capacidad del sistema electoral para procesar y transmitir resultados en tiempo real sin interrupciones (apagones programados, fallas en la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, etcétera) y la disposición de los actores perdedores a aceptar la derrota.
Honduras está ante la posibilidad de convertirse en el primer país del mundo que consume una transición democrática de presidenta mujer a presidenta mujer. Más allá del valor simbólico, lo relevante es que esa transición ocurriría en el marco de un cambio estructural de beneficiarios del Estado: de un modelo concentrado históricamente en 10 familias y sus redes, a otro que, aunque imperfecto, prioriza a sectores históricamente postergados.
Si el 1º de diciembre amanecemos con un resultado reconocido por los principales actores, incluidos los observadores internacionales ya acreditados, Honduras habrá dado un paso de enorme madurez institucional. Si, por el contrario, se activan los mecanismos de desestabilización que los audios sugieren, el país retrocederá a los patrones de crisis cíclica que marcaron el periodo 2009-2021.
En términos de análisis político frío, la opción que hoy ofrece mayor probabilidad de estabilidad institucional con continuidad de las políticas sociales que han mostrado resultados cuantificables es la candidatura de Rixi Moncada. No porque sea perfecta –ninguna lo es–, sino porque representa la ruta de menor resistencia para evitar un nuevo capítulo de ingobernabilidad en un país que ya no puede permitírselo.
El 30 de noviembre los hondureños no solo votarán por una persona. Votarán por una idea de país que, por primera vez en décadas, empezó a romper el monopolio histórico del poder económico sobre el poder político. La historia dirá si esa ruptura fue episódica o no.
*Analista internacional
