La Jornada 21 de noviembre de 1996
En el giro tomado por la investigación del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y del presunto homicidio de Manuel Muñoz Rocha ha salido a relucir, entre otros, el nombre de Justo Ceja, secretario privado de Carlos Salinas de Gortari durante el sexenio pasado. Por otra parte, según declaraciones de un ex escolta de Raúl Salinas, en los días en que, según las presunciones, se cometió el crimen contra el diputado tamaulipeco, se registraron movimientos sospechosos de vehículos y de fondos entre la residencia oficial de Los Pinos y el domicilio del hermano incómodo.
Con estos elementos el procurador Antonio Lozano Gracia informó el lunes pasado que el ex presidente Salinas sería citado a la brevedad para que aporte información que pudiera conducir al pleno esclarecimiento de los asesinatos políticos que conmovieron al país en 1994.
Al margen de lo tardío del anuncio, cabe congratularse porque al fin las autoridades hayan decidido tomar al toro por los cuernos. La comparecencia del ex mandatario ante un agente del Ministerio Público --aquí o en algún consulado mexicano en el extranjero-- brindará sin duda información valiosa a la Procuraduría General de la República para hacer avanzar las pesquisas sobre los crímenes mencionados y permitirá establecer de una vez por todas la culpabilidad o la inocencia del propio Salinas. En esta perspectiva, si éste se sabe libre de culpa, tendrá que convenir en que su comparecencia será una valiosa oportunidad para limpiar su nombre.
En efecto, es razonable suponer, por la misma estructura de poder centralista y presidencialista del país, y porque los asesinatos ocurrieron en el primer círculo de ese poder, que el ex presidente dispuso y dispone de información privilegiada acerca de los trágicos sucesos de marzo y septiembre de 1994.
En cuanto a lo segundo, cabe considerar que, desde antes del fin del salinato, ha ido cobrando fuerza un clamor popular para que el antecesor de Ernesto Zedillo rinda cuentas sobre tales crímenes, sobre los procesos de privatización realizados durante su gobierno y sobre la política económica que se aplicó en el país entre 1988 y 1994.
Tal clamor --que deposita en la persona de Salinas las culpas por todos los males del país, y muchas de cuyas expresiones llegan a los extremos de la caricatura y el insulto-- no es ciertamente la forma más adecuada para que el país procese, asimile y juzgue los actos de la administración pasada. Debe admitirse, sin embargo, que este afán de linchamiento que persiste en el ánimo popular ha sido alimentado por el silencio oficial en torno a casi todo lo que tiene que ver con la administración salinista y por la ambigüedad que hasta ahora habían mantenido las autoridades en torno a la necesidad de que el ex mandatario diga lo que sabe sobre los crímenes de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu.
El país debe ajustar cuentas con su pasado inmediato. Por ello resultó tan deplorable el carpetazo dado por los diputados priístas a las investigaciones sobre presuntas operaciones ilícitas en Conasupo. Por ello, en cambio, es deseable que se esclarezca todo lo referente a las privatizaciones, que se llegue al fondo en las investigaciones de los crímenes del año antepasado y que se defina el grado de responsabilidad que puede corresponder a Carlos Salinas en todos y cada uno de esos asuntos.