Las acusaciones y contraacusaciones entre el DIF y diversas organizaciones del movimiento urbano popular (MUP), en torno a la distribución de los desayunos escolares en esta capital y los dineros involucrados en ellos, dejan entrever la existencia de operaciones ilícitas en el manejo de ese mecanismo de apoyo para centenares de miles de niños de familias de escasos recursos.
Si cualquier desvío o uso indebido de bienes públicos es inaceptable, en este caso resulta a todas luces indignante, en la medida en que se ha estado lucrando con unas raciones alimenticias que son absolutamente esenciales e irremplazables para sus destinatarios, y cuya dotación y reparto constituyen uno de los poquísimos mecanismos estatales de bienestar social y redistribución de la riqueza que aún subsisten, en el contexto de una política económica caracterizada por la drástica afectación de esta clase de programas.
Hasta ahora los argumentos de las partes involucradas no permiten establecer en cuál de ellas --si no es que en ambas-- han tenido lugar los manejos indebidos, y debe ser tarea de las entidades encargadas de la procuración de la justicia el determinar las responsabilidades que puedan corresponder a funcionarios y burócratas, de un lado, o a líderes e integrantes de las organizaciones sociales, del otro.
Lo que sí puede apreciarse es que la distribución de los desayunos del DIF ha venido realizándose en forma poco transparente, discrecional, y muy posiblemente clientelar.
Asimismo, puede constatarse, por las declaraciones de las dos partes, que éstas han terminado por contaminar el asunto con propósitos y cálculos políticos y electorales del todo improcedentes.
En esta circunstancia, junto con las necesarias investigaciones judiciales, es impostergable que se expongan con toda claridad, de cara a la sociedad, los criterios, consideraciones y acuerdos que llevaron al Desarrollo Integral de la Familia a delegar --a concesionar, diríase-- la distribución de las raciones alimenticias en organizaciones del movimiento urbano popular.
Es necesario también que se establezca una regulación del reparto de desayunos escolares y, lo más importante, que se creen mecanismos de fiscalización para asegurar que tales ayudas lleguen a sus destinatarios al margen de clientelas políticas, grupos de presión o consideraciones electorales, y evitar que su distribución produzca ilegítimos beneficios políticos o económicos a nadie