La decisión del gobierno capitalino de modificar el Código Financiero del Distrito Federal para incrementar diversos impuestos ya existentes y crear otras cargas impositivas --derechos y cuotas ambientales que deberán pagar diversas industrias--, viene a reavivar la polémica que se desarrolla en torno a varios aspectos financieros, políticos y administrativos del Departamento del Distrito Federal.
El anuncio de esa decisión deja mal paradas a las autoridades al menos en tres puntos: en primer lugar, revela la intención propagandística de la información dada a conocer hace unos días por el propio gobierno citadino en el sentido de que la capital es la ciudad menos cara del país; adicionalmente, los incrementos al impuesto predial, que en las zonas de clase media resultarán francamente desorbitados, ponen en cuestión las aseveraciones de la regencia en el sentido de que las finanzas de la capital son superavitarias; en tercer lugar, contrastan con los datos sobre las sumas que se otorgarán los más altos funcionarios del gobierno capitalino por concepto de bonos de productividad y de aguinaldos, y que diversos sectores sociales y políticos consideran excesivas e incluso abusivas.
Con todo, la inconsistencia más grave es la que resulta de cotejar los aumentos impositivos previstos con la percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios urbanos, sobre el desempeño de la administración capitalina y sobre las dimensiones de la corrupción que impera en su interior.
A este respecto, el punto sustancial no es tanto si tales servicios son --o no-- de primer nivel, o si las instituciones capitalinas son --o no-- un modelo de eficiencia y de probidad, sino que en la imagen pública del DDF tales atributos están ausentes y que, en esas circunstancias, las determinaciones impositivas dadas a conocer ayer por la Secretaría de Finanzas y por la Tesorería de esa dependencia multiplicarán el descontento que la sociedad capitalina experimenta hacia sus gobernantes y harán aún más difíciles, en consecuencia, las condiciones para gobernar a la ciudad.
Acaso existan razones fundadas para buscar una ampliación de la recaudación en la ciudad y, de ser así, la regencia habría debido exponerlas con claridad a la opinión pública antes de anunciar los incrementos impositivos comentados. Pero en el momento presente, y ante el desgaste de la imagen pública del DDF, tal determinación es, por lo menos, una equivocación política.