Es preocupante constatar que en las políticas presupuestarias del gobierno el combate a los rezagos sociales sigue sin adquirir la relevancia y la prioridad que requiere. Así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en 1997 el gasto del gobierno federal para desarrollo social disminuirá 19.4 por ciento respecto al año en curso, en tanto los recursos destinados a la superación de la pobreza serán, en términos reales, 4.6 por ciento menores a los de 1996.
En uno y otro periodos, los fondos para contrarrestar la pobreza serán menores a los que se han destinado para apuntalar la banca comercial. Ahora el gobierno federal tiene previsto realizar el pago de un bono de deuda externa, emitido hace un año, de mil 500 millones de dólares, suma también superior a todo el presupuesto de desarrollo social programado para el año entrante.
Sin duda, la estabilidad financiera interna y la credibilidad de México en el extranjero en materia crediticia, por un lado, y el adecuado desenvolvimiento político y democrático del país, por el otro, son aspectos fundamentales y necesarios para el desarrollo económico y la superación de la crisis actual. Pero igualmente cierto resulta que la superación de los rezagos sociales es indispensable para la estabilidad política y económica del país, y que si tales rezagos persisten y se agravan, por falta de atención, terminarán por descarrilar los esfuerzos nacionales hacia la plena democratización y el crecimiento económico.
En esta perspectiva, es importante considerar que los quebrantos económicos ocurridos en el país, a raíz de los sucesos de diciembre de 1994, impactaron rápidamente las condiciones de vida de los asalariados urbanos y agravaron la miseria y la marginación en diversas regiones del país, y tales secuelas no podrán ser borradas en el corto plazo, a pesar de que los macroindicadores económicos ya reflejan algunos signos de recuperación.
Mientras más tiempo se tome en invertir las prioridades de la política económica y en la medida en que la construcción de una sociedad más justa siga siendo uno más entre muchos programas, mayores serán los costos políticos y humanos del rezago social.
Ahora que entramos en la antesala del proceso electoral de 1997, la necesidad de erradicar la pobreza en todas sus manifestaciones debería suscitar un consenso político entre todas las fuerzas que irán a esos comicios. El país debe entender que no es conveniente ni ético seguirse declarando en moratoria ante la más ineludible de sus deudas