PRIVATIZACIONES EN ENTREDICHO

En su comparecencia ante un comité senatorial estadunidense que investiga movimientos de lavado de dinero, Amy Elliott, alta funcionaria del Citibank y encargada, hace unos años, de manejar las cuentas de Raúl Salinas de Gortari en esa institución financiera, afirmó que, en algún momento del sexenio pasado, la familia Salinas invirtió en Telmex y obtuvo de ello grandes beneficios; tal sería, a decir de la declarante, el origen de los fondos multimillonarios enviados al extranjero entre 1992 y 1995, con la asistencia del Citibank y de la propia Elliott, por el ahora recluso de Almoloyita.

Lo anterior constituye un señalamiento directo contra uno de los pocos procesos de privatización emprendidos durante el gobierno anterior en el que no se había registrado ningún indicio de irregularidades. En efecto, los traspasos a manos privadas de instituciones bancarias, siderúrgicas, aerolíneas, medios informativos e ingenios, así como la concesión de carreteras a particulares, han dejado tras de sí un enorme cúmulo de sospechas fundadas: cuentas que no cuadran, transferencias monetarias inexplicables, "donaciones de campaña" al partido oficial por parte de los beneficiarios de las privatizaciones. Hasta ayer, sin embargo, los rumores populares que vinculaban de alguna manera a los Salinas con la empresa telefónica referida no habían encontrado ningún asidero.

La banquera estadunidense no dio detalles sobre la posible participación de Raúl Salinas en la compra de acciones de Telmex, ni precisó si tal acción ocurrió antes, durante o después de la venta de la paraestatal, pero sugirió un vínculo entre las operaciones de desincorporación y la riqueza súbita del hermano incómodo; por otra parte, sus palabras fortalecieron la percepción generalizada ųy tampoco documentadaų de que las posesiones de Raúl tienen más una condición familiar que personal.

En todo caso, con lo dicho ayer por Amy Elliott se fortalecen los indicios de que las privatizaciones del sexenio pasado, en su conjunto, no sólo fueron la aplicación de una doctrina económica depredadora y concentradora de la riqueza sino, también ųo principalmenteų una maniobra de enriquecimiento personal de miembros destacados del grupo gobernante.

Lo anterior aporta nuevos argumentos a quienes exigen una investigación transparente y convincente en torno a todas las privatizaciones de bienes públicos realizadas durante el gobierno anterior.

El esclarecimiento de tales actos de gobierno es, sin duda, una necesaria medida de salud pública que disiparía, o confirmaría, sospechas generalizadas, restauraría la credibilidad en las instituciones, permitiría detectar y sancionar conductas indebidas o delictivas y despejaría, de una vez por todas, rumores persistentes que erosionan la vida política y económica del país.