LAS TAREAS DEL NUEVO RECTOR

Con la designación de Juan Ramón de la Fuente, quien hasta ayer se desempeñaba como secretario de Salud en el gabinete presidencial, como nuevo rector de la máxima casa de estudios, se abren para el conflicto universitario perspectivas de solución que no deben ser desaprovechadas.

Ha de señalarse, por principio de cuentas, que la permanencia misma de Francisco Barnés en la rectoría era un factor de empantanamiento de la huelga estudiantil, y que el mero relevo en el puesto puede tener un efecto positivo para atenuar enconos y disipar agravios entre las partes.

Es razonable suponer que, en la actual circunstancia, la Junta de Gobierno de la UNAM, al entrevistar a los candidatos a rector, hubo de informarse sobre las propuestas de cada uno de ellos para superar el paro estudiantil que lleva ya 214 días, y que tales planes debieron tener un peso definitivo en la decisión final de la máxima autoridad universitaria. En este sentido, cabe esperar que el ex secretario de Salud inicie su gestión con la aplicación de iniciativas que contribuyan a destrabar el impasse. La primera tarea del nuevo rector ha de ser, en suma, propiciar una solución rápida, convincente y pacífica que permita reanudar cuanto antes las actividades de la universidad.

Ciertamente, la superación de esta grave crisis no sólo implica un arreglo coyuntural entre las autoridades universitarias y el Consejo General de Huelga (CGH), sino que obliga a reconstruir el tejido de la comunidad universitaria, dañado por el conflicto actual, así como a emprender una reforma universitaria de largo alcance que permita erradicar los vicios y las debilidades de la máxima casa de estudios.

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que el necesario fortalecimiento de la UNAM no sólo pasa por los ámbitos internos de la universidad -académico, laboral, administrativo, jurídico, institucional-, sino que requiere de un compromiso real del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo para garantizarle a la universidad recursos económicos suficientes y proporcionales a la importancia de la que es la principal institución de educación superior del país, el más importante centro de investigación nacional y un factor de primera importancia de la producción cultural de México.

En suma, el rector De la Fuente tiene ante sí el desafío de la negociación: con los estudiantes paristas, con la comunidad académica, con la burocracia universitaria y con los trabajadores, en lo interno, y con el gobierno federal y los legisladores, en lo externo. Por el bien de todos, ojalá que tenga suerte y que esté a la altura de su tarea.

MICROBUSES: CONTROL, YA

Entre el martes y el miércoles de esta semana, cinco personas murieron y otras 16 resultaron lesionadas en esta capital, en accidentes provocados por microbuses que circulaban en malas condiciones mecánicas o conducidos con imprudencia e impericia: dos niños atropellados el martes -uno de ellos fallecido, otra gravemente herida- y, el miércoles, en sucesos separados, un motociclista murió arrollado y tres personas perdieron la vida y otras quince fueron lesionadas en la volcadura de un vehículo de transporte público concesionado. Durante el primer semestre del año en curso, los microbuseros mataron a 75 personas y lesionaron a otras 2 mil 839 en más de mil accidentes, y en ese mismo lapso se presentaron 260 denuncias por ilícitos cometidos a bordo de microbuses.

Las cifras mencionadas expresan sólo los aspectos más extremos y trágicos de un modelo de transporte público que ha producido un grave deterioro en la seguridad, la salud y el bienestar de la población capitalina, que se origina en la corrupción y la multiplica, que auspicia el surgimiento de mafias incontrolables y que provoca una justificada exasperación ciudadana.

Ciertamente, la responsabilidad de la proliferación incontrolada y corrupta de microbuses y combis corresponde a las sucesivas administraciones priístas y presidencialistas que desgobernaron la ciudad capital hasta 1997, las cuales propiciaron una red de complicidades e intereses ilícitos, tanto electoreros como monetarios. Oscar Espinosa Villarreal, último regente presidencial, fue quien llevó a su máximo nivel este desquiciamiento del transporte público, con su decisión de liquidar la empresa pública de autobuses Ruta 100, con lo cual dejó a la mayoría de los capitalinos sin más opción de transporte colectivo de superficie que los nefastos microbuses.

Hoy, cerca de 95 por ciento de los casi 23 mil vehículos de esta clase que circulan por la metrópoli han sobrepasado su vida útil o, para decirlo en términos llanos, se encuentran en condición de chatarra, por lo que constituyen un serio riesgo para pasajeros, para transeúntes, para automovilistas y para los propios choferes, además de ser fuente de contaminación y de entorpecimiento del tránsito. A ello debe agregarse que sus conductores carecen de niveles mínimamente aceptables de capacitación y civilidad, que trabajan en muchos casos en el límite del agotamiento y en condiciones que los obligan a disputarse peligrosamente el pasaje con otras unidades.

En tales condiciones, resulta imperativo que el actual gobierno del Distrito Federal y las autoridades de los municipios conurbados apliquen con el máximo rigor los reglamentos y disposiciones de control vigentes para este tipo de transporte concesionado y que se profundice la lucha contra la corrupción que hace posible la circulación impune, por las calles de la ciudad y del valle de México, de vehículos y conductores que constituyen un inaceptable factor de mortalidad.