Preguntas abiertas sobre el sida

Señora directora: El 1o. de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el VIH/Sida, el presidente de la Comisión para la Familia del Episcopado Mexicano, Hilario Chávez Joya, opinó que existen dos grandes mentiras que han contribuido a propagar aún más la enfermedad.

Según el prelado, una de esas mentiras es el "sexo seguro" y la otra es que el Sida no tiene ninguna relación con patrones de vida moral. Por el contrario, indicó el también obispo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, "las únicas medidas que pueden servir para frenar el crecimiento de la enfermedad son la abstinencia y el sexo entre los cónyuges". Para fundamentar sus prejuicios, Chávez Joya señaló que existen "investigaciones minuciosas" realizadas por encargo del Vaticano que han demostrado que el látex con el que se elabora el condón es un material sumamente poroso comparado con el diminuto tamaño del virus del sida (La Jornada, 2 de diciembre).

ƑDónde están los resultados de estas investigaciones, señor Chávez Joya, y por qué no se han publicado hasta ahora? ƑAcaso es argumento suficiente la especulación sobre el tamaño del virus -tan similar a infinidad de discusiones bizantinas que acaloran a la Santa Sede- para moralizar en forma tan mezquina? Si su preocupación es el tamaño del látex, Ƒqué se puede hacer con los 7 mil jóvenes que contraen el virus diariamente en todo el mundo? ƑLes seguiremos predicando nuestros prejuicios en lugar de darles información para prevenir o para vivir con dignidad y con medicamentos eficientes? ƑHay que condenarlos a la hoguera o hay que separar a los enfermos "moralmente válidos" de aquellos que no lo son? ƑQué patrones de vida inmoral provocan el sida? ƑPodría ser más específico? ƑQuiere eso decir, como lo dice, que la inmoralidad provoca el Sida? Es decir, y si usted es consecuente, Ƒel sida es un castigo de Dios? "Moralizar" una enfermedad es declararle la guerra a los enfermos, y entre ellos figuran mujeres y también niños.

Dejamos esas preguntas abiertas. Nos parece sumamente mezquino que, a finales del siglo XX, sigan predominado visiones como las del señor Chávez Joya, que alimentan los linchamientos morales en contra de los seropositivos, la culpa y la manipulación de un problema de salud pública de primer orden.

Convocamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, y a las organizaciones que participan en la lucha permanente contra el VIH/Sida, a emprender una campaña conjunta para desempeñar éstas y otras visiones que lo único que han logrado es promover la ignorancia y la propagación de una enfermedad como el VIH/Sida

Atentamente
Acción Ciudadana por la Tolerancia (Acto); Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/Sida; Letra S; Posithivos; Frente Común Contra el Sida (Oaxaca); Fundación Aguascalientes de Lucha contra el Sida (FALCONS); Fundación Mexicana de Lucha contra el Sida; Amigos contra el Sida, A.C.; Mujeres por la Salud en Lucha contra el Sida, A.C. (MUSA); Colectivo Sol; La Manta de México; Centro de Mujeres, A.C. (La Paz, BCS); Comunidad Unida en Respuesta al Sida (CURAS); Ayudatel; SidArte; Ave de México; Brigada Callejera de Apoyo a las Mujeres "Elisa Martínez", A.C.; Brigada Universitaria de Servicios Comunitarios para la Autogestión, A.C. (BUSCA); Frente Nacional de Personas Afectadaspor el VIH/Sida (FRENPAVIH); Salud, Sida, Derechos y Libertad, A.C. (SSIDELI).

Inconformidad ante decisión del Consejo de la Judicatura

Estimada directora: Mucho le agradeceremos la publicación de la presente:

Doctor Genaro Góngora Pimentel, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

El 24 de noviembre de 1999, el Consejo de la Judicatura Federal notificó a este centro de derechos humanos la resolución de una supuesta inconformidad nuestra, sobre la determinación del Consejo de la Judicatura, de mayo de 1999, de declarar infundada la queja administrativa 26/99 interpuesta el 4 de febrero del año en curso, por actos de la licenciada Xóchitl Guido Guzmán, jueza del distrito de Acapulco, consistentes en la privación ilegal de la libertad, por un lapso de 35 días, de cuatro indígenas mixtecos acusados de participar en los hechos ocurridos el 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco.

Al respecto, le manifestamos que esta supuesta inconformidad se deriva de una carta dirigida a usted el 4 de agosto, en la cual le expresábamos nuestra preocupación por la decisión desacertada del Consejo de la Judicatura, de no sancionar las graves irregularidades en las que había incurrido la licenciado Guido Guzmán. Esta preocupación se acrecienta cuando el mismo consejo admitió que la juez en mención había incurrido en una violación a los términos constitucionales y de la ley de amparo, pero justificó este hecho bajo el argumento de "una excesiva carga de trabajo", razón por la cual decidió no sancionarla.

Sin embargo, en nuestra misiva en ningún momento expresamos la intención de impugnar legalmente la resolución de referencia, toda vez que sabemos que una determinación del Consejo de la Judicatura, referente a la responsabilidad de un juzgador, es inimpugnable; sólo consideramos que era conveniente hacerle saber a usted las irregularidades en las que había incurrido el consejo.

Nos parece indispensable que, siendo usted presidente del Consejo de la Judicatura Federal, tenga conocimiento de estos hechos que ponen en entredicho el estado de derecho, y evidencia la falta de sensibilidad de este órgano; en consecuencia, su actuar es contrario a la justicia y a las funciones de vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal, para las cuales fue creado.

Mario Patrón y Jorge Fernández, Area Jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Denuncia de sobrecargos

Señora directora: Solicitamos la publicación de la presente:

Al Doctor Ernesto Zedillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; al secretario del Trabajo; al presidente de la Comisión de Derechos Humanos; al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Somos un grupo de sobrecargos que denunciamos la corrupción imperante en la Junta Federal 2 de Conciliación y Arbitraje; en los laudos que se emiten en los juicios que tenemos en contra de la Compañía Mexicana de Aviación, y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, en donde se nota la parcialidad con la que se dictan a favor de la empresa y sindicato.

Antecedentes: El 21 de septiembre de 1989, empresa y sindicato convienen en crear 350 plazas de confianza, a condición de que estas fueran ocupadas por personal sindicalizado. El 23 de abril de 1996, el sindicato recupera estas plazas, que después en una de las demandas en contra de la empresa, quedan desvirtuadas por no apegarse a la Ley Federal del Trabajo. El 6 de mayo de 1996, se nos liquida la categoría de confianza lo que procedía es la aplicación del artículo 186 de la LFT, es decir, regresar a nuestra base.

En el expediente de nuestro juicio, la autoridad laboral debió ordenar el desahogo de las pruebas documentales, tal como lo marcan los artículos 776, 780, y otros de la ley laboral; sin embargo, al dictaminar sólo se toman en cuenta los fundamentos de la empresa, mas no los nuestros.

Al llevarse a cabo los trámites del juicio, se pierden documentos, se extravían expedientes, etc. Todo lo anterior en perjuicio nuestro sin que la autoridad encargada de dicha Junta ejerza el control debido.

Demandamos nuestra recontratación basándonos en la cláusula 32 del contrato colectivo de trabajo, ya que durante más de seis años, empresa y sindicato nos mantuvieron en una plaza de confianza, categoría que fue desvirtuada en los Tribunales Colegiados por no reunir con los supuestos legales de la Ley Federal del Trabajo.

Somos parte de un injusto recorte de personal que empresa y sindicato en contubernio hacen aparecer como de mutuo consentimiento. Exigimos a las autoridades el aplicar la ley al estricto apego a derecho.

José Antonio Rábago, Laura Tena, Justino Fernández, Héctor Amaré, Manuel Castellano, Rafael Zamora, Alberto Piera, Arturo Godínez, Esperanza Chacón, Juan Luis Peyrón

Queja de trabajadores de la educación

Señora directora: En el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, las autoridades han mostrado una grave negligencia respecto a los pagos de cientos de compañeros trabajadores, lo que afecta en especial a quienes cobran por honorarios o tienen que hacer algún trámite particular. Esto se retrasada hasta 6, 8 o más meses, lo cual consideramos a todas luces exagerado. Además, se han hecho descuentos injustificados a los 56 mil trabajadores de educación del estado. Estas acciones son anticonstitucionales, y se sospecha el enriquecimiento de funcionarios de dicho instituto. Exhortamos a las autoridades a resolver cuanto antes esta situación

Isaías Valencia Palomeque, scretario de Trabajo y Conflictos de la Sección XXII. Formadores de Docentes del SNTE

Señora directora: Solicitamos la publicación de la presente dirigida:

Al Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León.

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Al Secretario del Trabajo y Previsión Social.

Al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

Al Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Somos un grupo de sobrecargos que denunciamos la corrupción imperante en la Junta Federal # 2 de Conciliación y Arbitraje; en los laudos que se emiten en los juicios que tenemos en contra de la Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, en donde se nota la parcialidad con la que se dictan a favor de la empresa y sindicato.

Antecedentes: El 21 de septiembre de 1989, empresa y sindicato convienen en crear 350 plazas de confianza, a condición de que estas fueran ocupadas por personal sindicalizado. El 23 de abril de 1996, el sindicato recupera estas plazas, que después en una de las demandas en contra de la empresa, quedan desvirtuadas por no apegarse a la Ley Federal del Trabajo.

El 6 de mayo de 1996, se nos liquida la categoría de confianza lo que procedía es la aplicación del Artículo 186 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, regresar a nuestra base.

En el expediente de nuestro juicio, la Autoridad laboral debió ordenar el desahogo de las pruebas documentales, tal como lo marcan los artículos 776, 780, y otros de la Ley Laboral; sin embargo al dictaminar solo se toman en cuenta los fundamentos de la empresa, mas no los nuestros.

Al llevarse a cabo los trámites del juicio, se pierden documentos, se extravían expedientes, etc. Todo lo anterior en perjuicio nuestro sin que la autoridad encargada de dicha Junta ejerza el control debido.

Demandamos nuestra recontratación basándonos en la Cláusula 32 del Contrato Colectivo de Trabajo, ya que durante más de 6 años, empresa y sindicato nos mantuvieron en una plaza de confianza, categoría que fue desvirtuada en los Tribunales Colegiados por no reunir con los supuestos legales de la Ley Federal del Trabajo.

Somos parte de un injusto recorte de personal que empresa y sindicato en contubernio hacen aparecer como de mutuo consentimiento.

Exigimos a las autoridades correspondientes el aplicar la ley al estricto apego a derecho.

Firmas del grupo de sobrecargos

José Antonio Rábago, Laura Tena, Justino Fernández, Héctor Amaré, Manuel Castellano, Rafael Zamora, Alberto Piera, Arturo Godínez, Esperanza Chacón, Juan Luis Peyrón.