DEL PAIS DEL CANAL AL CANAL DEL PAIS

Nos acercamos al 31 de diciembre, fecha real y definitiva en que todas las instalaciones y propiedades del Canal de Panamá pasarán ųšpor fin!ų a manos panameñas merced al Tratado Torrijos-Carter de 1977, que entonces resultó de las movilizaciones y luchas nacionales por el control de la vía de agua ocupada por Estados Unidos. Esta entrega del canal al pueblo de Panamá no se hace sin resistencias de parte de sectores cavernícolas del Congreso estadunidense que creen que esta reparación y acto de justicia equivale a una peligrosa cesión de posición vital para Estados Unidos, que nunca dejó de considerar al canal y al país en torno del mismo como una colonia, hizo de la zona la base para otras intervenciones en América Latina y para el entrenamiento de mercenarios nativos y sigue temiendo la posibilidad de ser remplazado, por lo menos económicamente, por los grandes países asiáticos.

La fecha en que se produce el traspaso de soberanía es simbólica. En efecto, hace sólo unos10 años ųel 20 de diciembre de 1989ų que se produjo la última de las ocupaciones estadunidenses en la región, cuando los barrios populares de la capital panameña fueron ferozmente bombardeados con altísimo número de muertos y heridos, con el pretexto de sacar del gobierno al presidente Manuel Antonio Noriega, que había servido a Washington en Centroamérica y el Caribe pero había dejado de serle funcional, y al que terminó por encarcelar en territorio estadunidense, acusándolo de narcotraficante.

Como se recordará, la vergüenza y la violación del derecho internacional no terminó ahí ya que el presidente que lo sustituyó, gracias a los marines, juró de inmediato en inglés y en una base militar de los ocupantes, poniendo así un broche de oro a una de las historias más escandalosas de las intervenciones extranjeras en América Latina, la de la construcción de un país ad hoc en torno a un canal necesario para los intereses estratégicos estadunidenses.

Ahora Panamá recupera con pompa magna su soberanía. Pero lo hace sólo con la presencia de jefes de Estado latinoamericanos y del rey de España, pero no con la del presidente William Clinton ni de una delegación de alto nivel del Departamento de Estado, dado que el ex presidente demócrata Jim Carter, firmante del Tratado, no tiene ningún cargo oficial.

De este modo, una vez más, América Latina y el resto del mundo enfrentan la prepotencia de un país que, con su soberbia, quiere hacer resaltar que no restaura la justicia ni reconoce plenamente el derecho internacional y que se reserva el derecho de intervención y supervisión en todo el mundo, gracias a la doctrina imperial del Destino Manifiesto. Este "ninguneo", que raya en el insulto al pueblo panameño, busca igualmente demostrar a los ultraconservadores del Congreso que una cosa es Carter y otra Clinton y, al mismo tiempo, presionar para imponer a Panamá tratados y acuerdos supuestamente de seguridad que perpetúen, de hecho, la presencia de los que, oficialmente, se van. De modo que el regocijo de todos los latinoamericanos por la conquista de la soberanía y de la independencia por los hermanos panameños no puede hacer que se olvide ni la historia ni la vigilancia y obliga, por el contrario, a buscar con urgencia aliados y amigos en la parte realmente democrática de Estados Unidos que se expresó recientemente en Seattle.