EL MANEJO DEL AGUA, PRIORIDAD NACIONAL

La terrible catástrofe que afectó a Venezuela puso nuevamente sobre el tapete el problema gravísimo que plantea, sobre todo para los países pobres, la falta de una política de protección ambiental, de utilización racional de los recursos hídricos y de reorganización sustentable del territorio, para evitar devastadoras inundaciones y trágicos deslaves en las zonas húmedas, así como para frenar el avance del desierto y la prolongación de las sequías en el norte del país.

En efecto, los mantos acuíferos de regiones altamente productivas, como la lagunera, están siendo sobrexplotados por un tipo minero extractivo, de utilización del recurso hídrico y una concepción productiva irracional que atribuye prácticamente un costo cero al agua ųque es un recurso escaso y de reproducción más lenta que el consumo actualų, la cual se utiliza, por ejemplo, como insumo industrial o, sobre todo en algunas regiones, para el abastecimiento y la limpieza urbanas.

Según los técnicos del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, se ha llegado a una situación crítica ya que un cuarto de los 600 acuíferos del país están siendo sobrexplotados y los mantos subterráneos corren el riesgo de agotarse. Al mismo tiempo, se produce una gran concentración de los derechos para la utilización del agua, ya que la ley, por ejemplo, establece un límite para la concentración privada de tierras en los ejidos, pero no para la de los derechos de uso de ese líquido vital, sin el cual no hay producción posible.

Las tierras en peligro de desertificación pueden, sin embargo, ser salvadas a condición de protegerlas y de aplicar una política ultradecenal de creación de una cobertura vegetal, de construcción de suelos y de conservación de la humedad con técnicas y cultivos adecuados. Las aguas existentes pueden también ser protegidas de la sobrexplotación y de la contaminación con inversiones a largo plazo y leyes regulatorias de su uso que establezcan también un costo real del líquido, las cuales evita- rían el riego a costo casi nulo de explotaciones agrícolas intensivas para la exportación de hortalizas, ya que el mismo equivale a una subvención al consumo barato que se concede sobre todo a las agroindustrias exportadoras.

El agua tiene importancia y prioridad social y no se puede permitir que grandes industrias maquiladoras la utilicen y contaminen sin medida alguna, o el alto consumo suntuario en las ciudades a costa de la desertificación del frágil y difícil territorio mexicano y de la cada vez más lejana y utópica autosuficiencia alimentaria.

Los productores privados no tienen derecho a utilizar los bienes ųtierra, agua, aireų que pertenecen a las próximas generaciones ni a hipotecar el futuro del país. El Estado, por consiguiente, debe tener planes de protección del territorio y para la utilización racional de las tierras y los recursos de cada región, y debe atribuir prioridad absoluta al manejo del agua, para evitar desastres humanos y productivos ųque son previsibles en todas las zonas tropicalesų, así como el avance del desierto sobre regiones agroganaderas potencialmente productivas.

Sería bueno que los candidatos a la Presidencia hicieran conocer sus propuestas respectivas en cuanto al desarrollo sustentable en México y sobre cómo esperan lograr la seguridad y la autosuficiencia alimentarias.