EU VIOLA EL TLC

El proceso de inclusión de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) suscitó en su momento una gran oposición en nuestro país. Se argumentó entonces que ese instrumento trilateral, y la apertura comercial que implicaba, tendrían consecuencias devastadoras para la industria y la agricultura nacionales, y por consiguiente para importantes sectores de la sociedad; se cuestionó la actitud extremadamente concesiva con la que operaban los representantes mexicanos en las negociaciones, y se señaló la incongruencia de un tratado que abría las fronteras a todas las mercancías; salvo el trabajo, la mano de obra es una de nuestras principales exportaciones y la tercera fuente de divisas para el país. Uno de los argumentos colaterales importantes contra la firma del TLC, tal y como fue negociado, consistía en señalar las dificultades que habrían de presentarse a la hora de asegurar el cumplimiento por parte de Washington de las obligaciones que le imponía el documento, dada la enorme asimetría política y económica entre México y Estados Unidos, y ante el tradicional desconocimiento del segundo de casi todos los instrumentos de derecho internacional.

La historia es conocida: el empecinamiento neoliberal salinista pudo más que las consideraciones arriba expresadas. El tratado se firmó y entró en vigor el primero de enero de 1994; ese mismo día los indígenas chiapanecos se alzaron en armas para, entre otros motivos, oponerse al TLC; desde entonces, la apertura comercial ha dislocado al agro y ha liquidado la mayor parte de la industria nacional. Adicionalmente, la vigencia del TLC no ha evitado la aplicación de políticas proteccionistas por parte de Estados Unidos; a conveniencia del país vecino, y en distintos momentos, se ha vetado el ingreso a su mercado de productos como cemento, hierro, tomates, aguacates, escobas y atún, entre muchos otros, y para ello se ha recurrido a la producción de pretextos de supuesto carácter ecologista o fitosanitario.

Hace cuatro años debió empezar a regir la apertura de fronteras al transporte de carga; entonces Washington logró aplazar tal apertura, mediante maniobras diversas, al primer día del presente año. Sin embargo, desde el pasado primero de enero, los camiones mexicanos no han sido autorizados a ingresar al territorio del país vecino, esta vez con argumentos sobre el supuesto mal estado mecánico de las unidades. En realidad, la medida parece ser una concesión gubernamental al poderoso sindicato estadunidense de transportistas, cuyo respaldo busca el vicepresidente Al Gore para su campaña electoral hacia la presidencia.

Estas prácticas desleales y violatorias del TLC por parte de Washington eran previsibles. En cambio, lo que resulta realmente sorprendente es la actitud del gobierno mexicano, y en particular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la cual ha optado por algo parecido a la resignación. Ciertamente, el TLC prevé mecanismos de conciliación como los paneles de solución de controversias, y es obligado a recurrir a ellos. Pero ante la violación reiterada y prolongada del acuerdo comercial, sería de esperar, al menos, una protesta y una toma de posición en defensa de los intereses nacionales.