Exigen esclarecer el asesinato de un familiar
Señora directora: El 10 de enero se cumplieron siete meses de que un ex teniente que trabajaba para la Inteligencia Militar y que es madrina de la PGR secuestró a José Hidalgo Pérez (según la averiguación previa AL40/0607/99). A los 14 días del secuestro, la Procuraduría de Justicia de Chiapas nos presentó dos huesos largos y un cráneo con el tiro de gracia y huellas de tortura.
Como los huesos estaban totalmente descarnados, solicitamos que su reconocimiento se realizara mediante el estudio científico del ADN, y para ese fin, personal de la PGR tomó muestras de sangre a nuestra familia desde hace más de seis meses, sin que hasta la fecha hayan entregado los resultados. La falta de información viola nuestros derechos cívicos y humanos, y puede significar la complicidad de ciertas autoridades encargadas de impartir justicia.
La Procuraduría de Justicia de Chiapas, en lugar de capturar a los asesinos, pretendió fabricar delitos a la víctima y hostigó a varios miembros de nuestra familia, mientras declaraba que el caso estaba esclarecido desde el 11 de julio anterior. Por el contrario, como familia ofendida por este trágico y extraño crimen, sostenemos que el caso no está esclarecido, ya que ni siquiera han entregado los resultados del estudio de ADN y otros periciales para determinar el método y el objetivo del descarnamiento.
La Procuraduría de Chiapas no hizo nada por capturar al exmilitar y madrina de la PGR, a pesar de que estaba plenamente identificado y ubicado. Gracias a la presión social, un comando de la PGR detuvo a Juan López Vázquez el pasado 4 de noviembre, tras "neutralizar las fuerzas que lo apoyaban", según comentario de un elemento de esa corporación. Sin embargo, a más de dos meses de su captura y consignación, las investigaciones del caso no avanzan ni aparecen los demás autores materiales e intelectuales del asesinato, ya que es increíble que un "asesino solitario" ejecutó, descarnó, trasladó los restos y encubrió las investigaciones.
Para nosotros, el caso no estará esclarecido mientras no se abra y se agote la línea de investigación por las amenazas y hostigamiento a la familia Hidalgo Pérez, por nuestra participación en organizaciones cívicas, denunciadas judicialmente al menos mediante tres averiguaciones previas. Tampoco estará esclarecido, mientras no señalen y castiguen a los responsables intelectuales y mientras no entreguen el cuerpo de José. Por ello, a siete meses de la desaparición, tortura y ejecución de nuestro familiar, nuestras demandas son las mismas:
-Que la PGR entregue los resultados de los estudios de ADN y otros periciales, para determinar por qué método y con qué objetivo fueron descarnados esos restos humanos.
-Que se abra y agote la línea de investigación relacionada con las amenazas de muerte que varios miembros de nuestra familia hemos recibido, con motivo de nuestra participación en organizaciones cívicas que procuran una solución negociada al conflicto en Chiapas, pues no hay otra razón para que seamos hostigados y molestados.
-Que se castigue a todos los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, tortura y ejecución, independientemente de su posición política y económica.
-Que la PGR atraiga completamente el caso, dado que la tortura es un delito que debe ser investigado y castigado por las autoridades federales.
Por la familia Hidalgo Pérez, J. Manuel Hidalgo Pérez
Precisiones sobre pensionados y jubilados
Señora directora: En relación con la carta publicada el 17 de enero del año en curso, titulada "Protestan jubilados del ISSSTE", quisiera hacer la siguiente aclaración:
1. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2000, enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, no consideró incremento en las aportaciones a la seguridad social para aumentar las pensiones del IMSS ni del ISSSTE; tampoco proponía monto alguno para el pago de pensiones a jubilados ferrocarrileros antes de 1982.
2. Los diputados federales propusimos reasignar 3 mil millones de pesos a la seguridad social, distribuyéndose de la siguiente manera: 2 mil 910 millones para incrementar 10 por ciento el monto mínimo de las pensiones y jubilaciones del IMSS y 90 millones para el pago de las pensiones a los jubilados ferrocarrileros antes de 1982, durante el 2000.
3. El PRI se opuso a esa reasignación presupuestal sistemáticamente, y con posterioridad modificó su posición ante las demandas de pensionados y jubilados, pero nunca admitió un incremento a jubilaciones y pensiones, sino que propuso una pequeña gratificación.
4. El incremento aprobado por los diputados federales tuvo como objetivo beneficiar a quienes perciben las pensiones más bajas. Noventa por ciento de los jubilados y pensionados del IMSS perciben un salario mínimo general por concepto de pensión. La reforma privatizante al régimen de pensiones del IMSS dejó en el olvido a este sector. La decisión de la Cámara de Diputados fue un acto de justicia social.
5. El grupo parlamentario del PRD considera que las pensiones del ISSSTE son insuficientes; por tal motivo, el 7 de noviembre de 1998 propusimos ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma el artículo 57 de la Ley del ISSSTE, con la finalidad de que esas pensiones se incrementaran al mismo tiempo y en la misma proporción que los salarios de los trabajadores en activo. Sin embargo, esa reforma no ha sido aprobada porque el PRI se ha opuesto sistemáticamente. La situación en que se encuentran los pensionados del Estado fue ocasionada por la reforma salinista, votada a favor por el PRI, y a la que el PRD se opuso en su momento. A ello se suma el deterioro del salario mínimo, a cuyo incremento se ató el aumento a las pensiones del ISSSTE.
6. Legislar a favor de los jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE es y ha sido un compromiso del PRD en esta y anteriores legislaturas, y está cumpliendo.
Jesús Martín del Campo, vicecoordinador general del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados
Dice que el padrón para el plebiscito de la UNAM pecó de rigidez
Muy estimada Carmen: En la información sobre el plebiscito de la UNAM, "En su propia voz", publicada el sábado 22 en la página 42 de este periódico y recogida por Triunfo Elizalde y Claudia Herrera, se incluye la declaración de Benjamín Laureano Luna, presidente del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos. Quedó allí anotado que el plebiscito convocado por rectoría tuvo vicios de origen. "La ausencia de un padrón electoral confiable permitió que gente extraña a la UNAM pudiera intervenir y votar mostrando cualquier credencial". Tengo que declarar que mi experiencia fue exactamente la contraria. El padrón pecó de rigidez en las casillas de la Facultad de Filosofía y Letras. Universitarios reconocidos, adscritos a institutos de investigación y activos como maestros en determinadas facultades no pudieron votar por haber perdido la credencial de la UNAM con foto, o por no encontrarse en nómina vigente al momento en que se llevó a cabo el plebiscito.
Por otra parte, la presencia de la doctora María Teresa Uriarte en la casilla del Instituto de Investigaciones Estéticas se debió única y exclusivamente a que ella es la directora desde que la maestra Rita Eder terminó su gestión en diciembre de 1998.
A nadie se le ocurriría pensar otra cosa. ƑCómo no iba a estar? No veamos moros con tranchete.
Teresa del Conde
Piden que la consulta no sirva para enfrentar a estudiantes
Señora directora: Mucho le agradeceremos la publicación de esta carta.
A los universitarios;
A las autoridades universitarias:
Los abajo firmantes, miembros del personal académico de 16 dependencias de la UNAM, creemos firmemente que:
1. La única vía aceptable para resolver el conflicto en nuestra universidad es el diálogo;
2. El plebiscito no debe utilizarse para enfrentar a universitarios ni para reprimir a los huelguistas.
Ciencias: Jefferson King, Francisco Struck, Oscar Palmas, Ma. de la Paz Alvarez, Rocío Vite, Pilar Martínez, Enrique Vega, Paloma Zapata, Manuel Falconi, Paloma Hernández, Ana Guzmán, Luis Briseño, Antonio González, Emilio Cabrera, Sergio Hernández, Zenón Cano, Erasmo García; Economía: Angeles Castillo, Martín Rodríguez, Fernando Talavera, Francisco Muñoz, José Luis de la Mora, Gerardo Espinoza, Adriana Villaseñor; Medicina: Rafael González, Leticia Verdugo; Ciencias Políticas: Mario Ortega, Ma. de los Angeles Márquez y 30 firmas más
Responsable de la publicación, Jefferson King
Asegura que se "deslizó error" en una nota de Alma E. Muñoz
Querida amiga: Ayer domingo apareció en La Jornada la entrevista telefónica que Alma E. Muñoz me hizo el día sábado.
Me doy cuenta que reducir a tres párrafos una larga entrevista telefónica es tarea en la que se pierden matices que luego el entrevistado echa de menos.
Así es el periodismo, y la tarea de Alma E. Muñoz fue, en general, en lo que a mi respecta, acertada.
No obstante, se deslizó un error. Donde se dice que dije que "si hemos de tomar las instalaciones, ha de ser con el Consejo General de Huelga, sin atropellar a nadie", debería decir: "si hemos de tomar las instalaciones, ha de ser con el Consejo de Huelga (es decir, con el CH de la Facultad de Filosofía y Letras), sin atropellar a nadie".
Sería muy bueno que el núcleo intransigente que dirige el CGH estuviera de acuerdo en ello, pero es evidente que no lo está.
Por otra parte, lo de "tomar las instalaciones" debió aparecer obviamente con comillas. Se trataba de indicar una especie de puesta al día de nuestras alianzas, en la que el Colegio de Profesores trataría de hacer causa común con los estudiantes paristas (CH) y no paristas de la facultad, con el objeto de llegar a un acuerdo final para el levantamiento de la huelga en la facultad que pudiera ser aceptado por las autoridades.
A mi juicio, todo está abocado ahora a buscar ese acuerdo final pacífico, sin vencedores ni vencidos, para dar fin a la huelga, volver a la normalidad académica y caminar juntos hacia el congreso universitario.
Federico Alvarez Arregui
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