VASCOS: EXPULSIONES ILEGALES

La semana antepasada el gobierno mexicano, por medio del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal Preventiva, expulsó a cuatro vascos que residían en nuestro país desde años atrás y que enfrentaban acusaciones de la justicia de España por su supuesta vinculación con ETA. Los expulsados fueron entregados, en Madrid, a las autoridades de ese país, las cuales de inmediato los encarcelaron y procesaron.

Tanto la Secretaría de Gobernación como la de Relaciones Exteriores han sostenido que la razón de las deportaciones fue la situación migratoria irregular de los afectados, de acuerdo con la Ley General de Población; que no existe ningún pacto ni negociación entre Madrid y México, y que el asunto no guarda ninguna relación con el presunto pasado etarra de los expulsados. En este mismo tenor, la canciller Rosario Green reiteró ayer en la capital española -en el marco de la visita del presidente Ernesto Zedillo al país ibérico- que se trata de expulsiones ''sin calificativos'' y sin relación alguna con los precedentes políticos o las imputaciones que enfrentan los vascos en cuestión.

Sin embargo, en la opinión pública de ambos países se tiene la percepción de que las deportaciones referidas son en realidad extradiciones sumarias -es decir, al margen de los procesos legales estipulados- acordadas por los dos gobiernos en el marco -dice, por ejemplo, ABC- de un ''cambio cualitativo'' de la tradicional política mexicana al respecto y de una ''cooperación estrecha con la lucha antiterrorista'' por parte de México. El propio ministro del Interior de España, Jaime Mayor Oreja, se ha referido a las deportaciones como ''un gesto auténtico y profundo'' que su gobierno agradece al mexicano.

Sea cual sea el trasfondo diplomático bilateral, el hecho es que las detenciones de los vascos en territorio mexicano y su entrega a la policía española han sido violatorias de las garantías individuales y del derecho en general: se ha allanado domicilios sin orden judicial, se ha espiado a particulares, se les ha incomunicado, se les ha negado el derecho de audiencia y, al menos en dos casos, se ha procedido con la deportación a pesar de que los afectados -José Angel Ochoa de Eribe y Mikel Arrieta Llopiz- contaban con un amparo judicial. Además de las leyes mexicanas, se vulneraron normas internacionales básicas en materia de derechos humanos, toda vez que se entregó a los deportados a una autoridad que, como la española, ha sido acusada por el Comité contra la Tortura de la ONU, de no respetar los derechos humanos.

La violencia terrorista de ETA es ciertamente repudiable e inadmisible desde cualquier perspectiva legal, moral o política. Pero ello no justifica que el gobierno de nuestro país, a su vez, quebrante leyes nacionales e internacionales, ya sea para aplicar disposiciones migratorias o, peor aún, si es en el afán inconfesable de agradar a un gobierno extranjero.