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México, D.F. sábado 26 de febrero de 2000
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Editorial

EJERCICIO DE MEMORIA

SOL En la feroz confrontación que por estos días escenifican los candidatos priísta y panista a la Presidencia de la República, vale la pena ejercitar la memoria colectiva para recordar algunas situaciones registradas unos cuantos meses antes del arranque de sus respectivas campañas electorales.

Dichos combatientes pertenecen a dos partidos políticos que, agarrados de la mano en el recinto parlamentario de San Lázaro, defendieron a capa y espada la "legalización" del Fobaproa y el nacimiento del clon llamado IPAB, comprometiéndose a no revelar la relación de funcionarios, empresas y banqueros involucrados en el llamado "fraude del siglo".

Proceder de distinta manera, argumentaban en su momento las respectivas fracciones parlamentarias, hubiera implicado "riesgos" y "peligros" para los beneficiarios de dicho fondo y, sobre todo, "violar el secreto bancario".

Eso sustentaban los partidos políticos hoy representados por Francisco Labastida Ochoa y Vicente Fox.

Paradójicamente, después de aprobar tal disposición ųque impide que los millones de mexicanos que cargan sobre sus espaldas la enorme factura por los abusos y compadrazgos implícitos en el Fobaproa conozcan quiénes son los responsablesų, los representantes priísta y panista se lanzan mutuamente acusaciones e intercambian nombres de implicados en operaciones irregulares en el Fobaproa.

Así, el sacrosanto secreto bancario, defendido mancomunadamente por priístas y panistas, parece haber quedado en el olvido para esos institutos políticos, pues aquello que se negaron a revelar en las "jornadas de San Lázaro", hoy lo divulgan ostentosamente con fines netamente electorales.

Lamentablemente, las irregularidades del Fobaproa y la tremenda herencia que implica para el bienestar social de millones de mexicanos, no se limitan a la familia de un candidato o al círculo de asesores o amigos más cercanos de otro. Hay 100 mil millones de dólares de recursos públicos comprometidos y decenas de personajes que, impunes por decisión priísta y panista, se mantienen en el anonimato.

Lejos de ofrecer alternativas, mediatas e inmediatas, para hacer frente al brutal impacto que el Fobaproa implica para el desarrollo económico y social del país, los representantes de dichos partidos políticos se han limitado a utilizar a su conveniencia la información privilegiada con la que cuentan sus respectivas fracciones parlamentarias para lanzarse mutuas acusaciones ųcomo si ellos mismos, desde sus respectivas posiciones, no hubiesen tenido nada que ver en el asuntoų, que nada aportan a la solución del problema.


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