ENCUESTAS DEFICIENTES O AMAÑADAS

Es por demás preocupante el informe sobre encuestas de preferencias electorales que la Secretaría General del Instituto Federal Electoral (IFE) presentará en breve al Consejo General de ese organismo. En el documento se observa un panorama de graves irregularidades por parte de las empresas encuestadoras, la gran mayoría de las cuales no han cumplido con los requisitos establecidos por la autoridad comicial para la realización de los estudios referidos: sólo cinco de las 107 encuestas relacionadas con el proceso electoral en curso cumplen a cabalidad con los criterios señalados por el IFE.

Es claro que una encuesta sobre preferencias electorales puede ser ųsi se realiza con rigor metodológico y plena transparenciaų un instrumento de orientación importante, tanto para la ciudadanía como para los partidos y sus candidatos, así como la única manera precisa, aparte de los comicios mismos y de sus resultados, para acercarse a la configuración del mapa político del país. Pero, si por incapacidad profesional de los encuestadores o, peor aún, por un afán inconfesable de manipulación partidista, se incumple con los requisitos técnicos establecidos por la autoridad electoral, la encuesta de preferencias se convierte en un elemento de distorsión de la vida republicana, en herramienta ilícita e inmoral de ataque contra adversarios y en factor de descrédito para el conjunto de la actividad política y de sus protagonistas.

Ciertamente, como lo señaló ayer el representante perredista ante el IFE, la legislación actual carece de previsiones para sancionar a las empresas de opinión pública que quebranten las normas establecidas por ese instituto para realizar los estudios referidos. En tal escenario, resulta fundamental que la autoridad electoral divulgue la lista de los despachos que producen encuestas que no se apeguen a criterios mínimos de rigor y metodología.

De esta manera, la ciudadanía contaría con elementos de juicio para discernir entre los estudios confiables y los que buscan confundirla. En esta perspectiva, la mejor sanción para los encuestadores poco escrupulosos sería la pérdida de su credibilidad ante la sociedad.