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YALALAG: LA CEGUERA OFICIAL
El juez sexto de lo penal en Oaxaca, Roberto Diego López Hernández, dictó ayer, "en paquete", un auto de formal prisión contra los once yalaltecos detenidos tras los cruentos sucesos ocurridos el pasado 7 de marzo en su comunidad, en los que una disputa por el palacio municipal de Yalálag dejó un saldo de dos muertos y cuatro lesionados. Las primeras acciones legales contra los detenidos -seis de los cuales pertenecen al consejo de ancianos- se han caracterizado por graves irregularidades: entre otras, ausencia de traductores en la toma de declaraciones preparatorias a los detenidos -que son hablantes zapotecos monolingües-, confesiones arrancadas bajo tortura y consignaciones sin testimonios que las fundamenten.
La acción judicial referida es agraviante e inaceptable porque quebranta diversos ordenamientos legales, normas constitucionales y garantías individuales, y porque constituye una clara expresión del desprecio e incomprensión con que los poderes públicos nacionales tratan, de manera rutinaria, a las comunidades indígenas del país.
El conflicto intracomunitario de Yalálag ha puesto de manifiesto, también, la carencia de leyes adecuadas en materia de usos y costumbres, así como de instrumentos legales que concilien el marco del derecho nacional con las prácticas políticas comunitarias; en otros términos, en ese pequeño municipio de Oaxaca se ha evidenciado el costo del incumplimiento gubernamental de los acuerdos firmados cuatro años antes en San Andrés Larráinzar sobre derechos y cultura indígenas.
El proceso legal contra los detenidos zapotecos está viciado desde el inicio, y con ello el gobierno oaxaqueño ha traicionado su palabra de garantizar un juicio justo a los indígenas presos. En lo inmediato, resulta obligado restablecer el estado de derecho violentado por el juez López Hernández. Pero es necesario también que el Ejecutivo estatal se comprometa a respetar la autonomía de Yalálag, conforme lo establece la propia Constitución oaxaqueña.
En una perspectiva más amplia, el lacerante conflicto en esa comunidad zapoteca debe hacer ver a la ciudadanía la necesidad de resolver, por la vía de la legislación, la falta de mecanismos que garanticen el respeto a los pueblos indios en el marco del estado de derecho; de lo contrario, el país y sus habitantes se expondrán a nuevos desgarramientos sociales, como el que se expresó el primero de enero de 1994 en Chiapas y que el presente gobierno no quiso o no pudo superar.
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