SEIS AÑOS DE IMPUNIDAD O INEFICIENCIA

A seis años del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana, y cuando el actual gobierno se encuentra en sus últimos meses, resulta ya inocultable la falta de interés del régimen por resolver en forma verosímil el homicidio de su principal abanderado en 1994. En los 72 meses transcurridos desde aquella tarde amarga del 23 de marzo se han acumulado, en el desempeño de los organismos de procuración e impartición de justicia, y en la investigación respectiva, tal cantidad de extravíos, pasos en falso, mentiras, torpezas, irresponsabilidades y giros de 180 grados -empezando por aquel improbable movimiento del candidato asesinado-, que sólo puede explicarse como resultado de una descomposición terminal de la Procuraduría General de la República (PGR) o como una maniobra monumental de encubrimiento de los verdaderos asesinos de Luis Donaldo Colosio.

En cualquiera de esos dos escenarios, es claro que el sexenio de Ernesto Zedillo está por incumplir dos obligaciones morales centrales que fueron, en su momento, promesas de campaña y de toma de posesión: el esclarecimiento pleno del asesinato de Colosio y la reforma del aparato de justicia del país.

Dos mandatarios de la República, cuatro procuradores y otros tantos fiscales especiales han prometido, en vano, esclarecer la muerte del candidato presidencial priísta, pero el homicidio sigue siendo un enigma y un agravio no resuelto para la nación. En seis años, los sucesivos investigadores pasaron de la tesis del asesino solitario a la de la acción concertada; consignaron y detuvieron a nueve personas que hoy se encuentran libres, porque su participación en el asesinato jamás fue probada en tribunales; manosearon y adulteraron -por consigna, por ineptitud, o por ambas- las pruebas periciales; se contradijeron mutuamente y se comportaron con una falta de rigor y de pudor difícilmente concebibles en un entorno de plena normalidad democrática y vigencia del estado de derecho, como el que dibujan el optimista discurso oficial.

Así, después de seis años, la investigación da un giro de 180 grados hasta sus conclusiones primeras y, hoy, el último fiscal especial designado para llevar la pesquisa, Luis Raúl González Pérez, se presenta ante la opinión pública sin más conclusiones en las manos que un asesino material confeso, solitario y sentenciado a 45 años de prisión, y con ello se pretende que la sociedad borre las dudas y sospechas que el homicidio suscitó desde el primer momento, y que apuntan a un encubrimiento de Estado disfrazado de ineptitud institucional, o a una ineptitud de tal calibre que parece más bien una operación para escatimar la verdad y librar a posibles responsables intelectuales de la acción de la justicia.