RODOLFO MONTIEL, PRESO DE CONCIENCIA

La secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias, dijo ayer en un foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en nombre del gobierno mexicano, que el uso de los recursos naturales es una cuestión de seguridad estratégica nacional e internacional, y llamó a "los habitantes del planeta" a impulsar una nueva política ambiental, a fin de proteger las áreas verdes, los bosques y los suelos.

En tanto, en el Centro de Readaptación Social de Iguala, el campesino Rodolfo Montiel, defensor de los bosques de la sierra de Guerrero, quien fue capturado y torturado por efectivos del Ejército Mexicano en mayo del año pasado, e injustamente acusado por las autoridades estatales de narcotraficante y guerrillero, se hacía acreedor al Premio Ambiental Goldman, equivalente en ecología al Nobel, por su labor en defensa de su entorno natal.

Es inquietante que, mientras que la máxima responsable del régimen en materia ambiental exhorta, en foros internacionales, a preservar los bosques que quedan en el planeta, otras instancias federales y estatales se ensañen, en forma por demás ilegal y violatoria de los derechos humanos, contra un labrador carente de tierras, de escolaridad y de culpabilidad legal alguna.

En efecto, Montiel Flores no tiene más delito que el haberse opuesto a la tala inmoderada de lo que queda de los bosques en las regiones de Petatlán y Coyuca de Catalán por parte de la trasnacional estadunidense Bolse Cascade, a la cual Rubén Figueroa Alcocer, gobernador guerrerense de triste memoria, otorgó la concesión exclusiva de explotación y compra de madera en la Costa Grande.

Las autoridades militares y civiles optaron por defender los intereses de la corporación extranjera y de los caciques locales en una región caracterizada por la marginación, el abandono, la miseria, la represión, la violencia y el narcotráfico.

En otra región del país, en la Sierra Tarahumara, los indígenas de también se han visto obligados, ante la indiferencia o la complicidad de las autoridades en la depredación ecológica, a movilizarse para proteger el medio ambiente, y han iniciado una campaña internacional contra los caciques madereros que destruyen los bosques.

Cabe preguntarse si en ese escenario se presentará también la escandalosa contradicción entre el discurso ecologista oficial y la persecución contra campesinos comprometidos con la defensa de su entorno, un contraste que expresa en forma inequívoca la descomposición del sistema político y del grupo en el poder.