IGLESIA CATOLICA: EL DIFICIL EQUILIBRIO

El sábado pasado, en el Zócalo capitalino se realizó una manifestación religiosa pública con motivo del segundo Congreso Eucarístico Nacional -sin precedente desde 1926, cuando tuvo lugar el primero- en el que participaron, además de los máximos jerarcas católicos, decenas de miles de fieles. El hecho debe verse como una expresión de la búsqueda de relaciones equilibradas por parte de la Iglesia católica, el poder público y la sociedad en general, desde hace una década, cuando el gobierno de Salinas reformó la Constitución y restableció relaciones diplomáticas con el Vaticano.

Ciertamente, el estatuto extralegal que rigió durante décadas las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado, a la vez ambiguo y opresivo, no era el marco adecuado para encarar la existencia de una institución en la que la mayoría de los mexicanos deposita su confianza espiritual. Pero tras las limitaciones legales que existieron, y que aún existen, hubo razones de peso y fueron necesarias para enfrentar una organización que, en distintos momentos de la historia, se colocó en contra de los intereses nacionales y populares, y pretendió, con base en su preeminencia espiritual, suplantar al poder público.

Desde el periodo virreinal, la jerarquía eclesiástica buscó interferir en las tareas de gobierno; ante la gesta de Independencia, estamentos y organismos enteros de la Iglesia católica se sumaron a la persecución de Hidalgo, Morelos -los cuales fueron juzgados y condenados por la Inquisición- y los otros insurgentes; más tarde, durante la intervención francesa, se alió a la potencia extranjera que pretendió sojuzgar al país, y a lo largo de todo el siglo XIX obstaculizó en forma sistemática el desarrollo político y económico nacional, y en las primeras décadas del XX conspiró activamente contra el poder público y respaldó movimientos violentos que fueron, cabe mencionarlo, reprimidos de manera implacable y excesiva.

Con estos antecedentes en mente, la consecución de un marco armónico y justo de reglas para las entidades religiosas en general, y la católica en particular, requiere de actitudes honestas y apegadas a la verdad. No fue ese el caso del cardenal Jorge Medina Estévez, quien durante el acto del sábado pasado aseguró que la Iglesia católica ha sido fiel al país a lo largo de la historia.

Tampoco fue muy afortunado el señalamiento del nuncio apostólico, Leonardo Sandri, en el sentido de que "la Iglesia es una y no puede dividirse". En un país en el que existe pluralidad de cultos, e incluso pluralidad de cultos cristianos, tal aseveración suena intolerante y evoca las pretensiones de hegemonía espiritual que, en distintos momentos históricos, llevaron a la persecución de los no católicos.

Finalmente, las promesas electoreras de Vicente Fox, expresadas en una carta enviada a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), tampoco contribuirán a encontrar el sitio justo y equilibrado que se busca construir para las asociaciones religiosas en el país, y sólo enturbian el panorama. Resulta particularmente grotesco e incoherente que el candidato de Acción Nacional prometa a los jerarcas católicos darles acceso a los medios de comunicación -electrónicos, se entiende- y que su vocero justifique posteriormente el ofrecimiento, diciendo que fue una petición de las iglesias evangélicas. Además, la jerarquía católica no necesita que Fox llegue a la Presidencia para contar con el acceso mencionado, porque éste les ha sido otorgado desde siempre, y hasta en exceso, por las dos grandes cadenas televisivas privadas.