Refiere la asignación de diputaciones uninominales

Señora directora: Mauricio del Valle Morales y Porfirio Martínez González, representantes del PRD ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), discrepan (La Jornada, 26 de julio, p.32) de mi argumentación sobre el número de constancias de mayoría que debe reconocérsele al PRD para la aplicación de la llamada "cláusula de gobernabilidad" en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y sostienen que "si ese razonamiento fuera acertado, resultaría que seis diputaciones uninominales no sólo no le corresponden al PRD, sino a ningún otro partido, pues ninguno las ganó, de manera exclusiva, con sus propios votos".

El punto de la discrepancia no es a quién pertenecen tales o cuales diputaciones uninominales, sino qué partido las obtuvo por sí mismo, como lo señalan la Constitución General de la República y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Y el hecho es que los distritos primero, noveno, 20, 34, 35 y 39 no los ganó el PRD por sí mismo, sino con ayuda de los votos de uno o más de los otros cinco partidos que postularon las candidaturas comunes en esos distritos.

En ese criterio se fundamenta mi afirmación (expuesta ante el Consejo General del IEDF en la madrugada del 6 de julio y en La Jornada los días 18 y 19 de julio) en el sentido de que ni el PAN ni el PRD son adjudicatarios de la mayoría absoluta en la ALDF y, por tanto, procede aplicar lo previsto en el inciso d) del artículo 13 del Código Electoral del Distrito Federal, con lo cual se acabaría con la profunda inequidad que se propicia con la asignación de diputados de representación proporcional hecha por el IEDF.

Resulta altamente satisfactoria, por lo demás, la afirmación de los representantes del PRD ante el IEDF en el sentido de que la ley debe cumplirse, le convenga o no a su partido. Actitudes como ésta se requieren de todos los actores políticos para consolidar la democracia que hoy está en construcción.

Un abrazo.

Eduardo R. Huchim

Aclara el delegado de Tlalpan presuntas irregularidades

Señora directora: Con respecto a supuestas irregularidades que el doctor Francisco Pin atribuye a funcionarios de esta delegación, el 25 de julio en El Correo Ilustrado del diario que usted dirige, mucho agradeceré inserte la siguiente aclaración:

Con motivo de la queja ciudadana registrada con el número 7125, el que suscribe emitió la orden de visita de verificación extraordinaria SVR/329/2000, el 10 de abril del presente año a la tienda de abarrotes con venta de vinos y licores denominada La Florencia, ubicada en calzada de Tlalpan 4840, colonia La Joya. Misma que fue dada de alta en Locatel, en cumplimiento al párrafo segundo del artículo 9 del reglamento de verificación administrativa para el Distrito Federal.

El 11 de abril personal de la Subdirección de Verificación y Reglamentos se constituyó en dicho establecimiento siendo las 23:30 horas y atendió la diligencia con el C. Juan Francisco Pin Macías, quien se ostentó como propietario del mismo y a quien se le requirió acreditara contar con la licencia de funcionamiento, visto bueno de ubicación y certificado de zonificación para uso del suelo. El visitado acreditó contar con licencia de funcionamiento para operar en el horario comprendido de las 7 a las 21 horas de lunes a sábado y domingos y días de descanso obligatorio hasta loas 14 horas, revalidada el 5 de octubre de 1999.

El procedimiento legal de la verificación administrativa concluyó el día 13 de junio del 2000 con la resolución UDCI/2323/00 que impone al visitado una sanción pecuniaria equivalente a 200 días de salario mínimo y la clausura total por 15 días por no acatar el horario permitido en la licencia de funcionamiento. Resolución que fue ejecutada el 6 de julio en curso.

Con fecha 20 de junio de 2000 se publicó en la Gaceta Oficial del DF la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas los días primero y 2 de julio del 2000, razón por la que el C. delegado ordenó practicar la visita de verificación SVR/667/00 al establecimiento de referencia, de cuyo resultado se observó que siendo las 2:10 horas del primero de julio en curso, en este establecimiento el doctor Juan Francisco Pin expendió una botella de tequila Sauza Blanco de 750 mililitros a un joven, quien al darse cuenta de la presencia del verificador comisionado, ocultó bajo su chamarra la botella, procediendo a abordar un automóvil Jetta color rojo. El mismo día (primero de julio) el verificador regresó al establecimiento referido observando la conducta reiterada del encargado del giro.

De lo anterior se concluye lo siguiente:

El total desconocimiento del doctor Juan Francisco Pin Macías de los procedimientos administrativos aplicables al efecto. De las verificaciones antes señaladas la problemática radica, no en la falta de licencia de funcionamiento, sino en la ilegal operación del establecimiento fuera del horario permitido y en días restringidos para la venta de bebidas alcohólicas por mandato gubernamental. Del supuesto retiro de la licencia de funcionamiento para asignarla al C. Edgar Santamaría, hecho que dolosamente indica le fue informado por el subdirector de Verificación y Reglamentos, le informó que la cancelación de licencia legalmente procede al cambiar de propietario y/o domicilio del establecimiento.

Aclaro que el giro del C. Edgar Santamaría, al que alude el doctor Juan Francisco Pin en la nota referida, también fue verificado a petición de este último y clausurado, en su oportunidad; desprendiéndose por consiguiente, la imparcialidad en las acciones encomendadas a esta delegación y la falsedad en la acusación de supuestos actos de corrupción por parte de servidores de esta administración.

Dr. Luis Gómez Sánchez, delegado del Gobierno del Distrito Federal en Tlalpan

Exigen anular elección en Venustiano Carranza

Señora directora: El pasado 2 de julio del 2000, como todos sabemos, se llevaron a cabo los comicios por primera vez en el DF para elegir jefes delegacionales. El proceso de elección en la delegación Venustiano Carranza estuvo plago de las siguientes irregularidades: la apertura de casillas antes de las 8 de la mañana, el cambio de funcionarios sin previo aviso, la parcialidad con que se condujo el consejo distrital 13 y la falta de certeza en el cómputo final. Por estas razones se apeló la elección y se exige la anulación del proceso, pues no podemos aceptar esos resultados. Por ello nos parece de suma importancia dar a conocer a los ciudadanos la situación y que se enteren que esto no ha terminado y por ello invitamos a la movilización de hoy a las 11 horas, en el Tribunal del DF (avenida Cuauhtémoc esquina Eje 8 Sur), con el fin de que se anule la elección y se reponga el proceso. Informes al 5786-71-42 y 5786-71-03.

Mujeres de Venustiano Carranza, Blanca Solano, Gabriela Hernández, Angeles Zavala, Amelia Peña, Teresa Villarreal y 117 firmas más

Piden atención para migrantes en la frontera sur

Señora directora: El día 24 de julio se dio a conocer la creación de la Comisión Fronteriza de Salud, una entidad binacional orientada a atender la problemática de salud fronteriza y ligada a las migraciones entre México y Estados Unidos. Celebramos esa iniciativa cuya necesidad es indiscutible. También es necesario otorgar el mismo rango de prioridad y atención en esta materia a la frontera sur de México.

Algunos académicos, activistas y organizaciones civiles hemos señalado reiteradamente en los últimos años a las autoridades mexicanas y sus pares guatemaltecas, la grave situación de desamparo en materia de salud en que se encuentran los trabajadores temporales guatemaltecos en la zona del Soconusco en Chiapas, y otros migrantes que transitan o residen en la zona fronteriza.

Son alrededor de 70 mil permisos para trabajadores que emite cada año el Instituto Nacional de Migración a hombres y mujeres que realizan un trabajo arduo en plantaciones de café, azúcar, bananeras, y más recientemente en cultivos como el del melón, la sandía, el mango y la papaya. Las condiciones en las que laboran no pueden ser amparadas exclusivamente por un documento migratorio. Este ciertamente regulariza su estancia y les autoriza a desempeñar su actividad, pero en sí mismo no garantiza ni el respeto a sus derechos laborales ni el acceso a los servicios de salud que necesitan y a los que tienen derecho como personas y como trabajadores, pues sin su trabajo la economía de esta región no sobreviviría.

ƑQué trato reciben en materia de salud? Por ley, sus empleadores pagaban al Instituto Mexicano del Seguro Social una cuota fija anual que garantizaba su atención (es necesario señalar que sólo algunos caficultores cumplían esta obligación). Actualmente, existe un conflicto irresuelto entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y estos empleadores, puesto que por las reformas recientes a la Ley del Seguro Social se invalidaron los convenios prexistentes y reformaron los términos de la incorporación de trabajadores temporales, quienes deben contribuir para la formación de un fondo de retiro, además de las obligadas cuotas por trabajador que deben aportar los empleadores.

Oficialmente, cubran o no los empleadores el pago de la cuota, las autoridades aseguran que siguen los trabajadores recibiendo atención. La realidad es que ésta es selectiva y ha disminuido considerablemente. Es decir que hay personas cuya salud no está atendida. Se ha observado por ejemplo que en casos de urgencia, los trabajadores tienden a acudir a los hospitales generales más que al Seguro Social donde se les ha llegado a negar la atención en algunos casos. En los hospitales generales tienen que pagar una cuota de recuperación que no siempre está a su alcance.

Es hora de ser consecuentes, hora de regular y sistematizar la atención en salud de estos trabajadores que llegan a México en condiciones similares a nuestros conacionales en Estados Unidos. Es decir que si bien tiene una visa que ampara su estadía y les autoriza a desempeñar un trabajo demandado por los empleadores, son considerados como trabajadores de segunda o tercera clase.

El gobierno mexicano y las diferentes instancias y dependencias que lo integran, junto con el gobierno guatemalteco, deben desarrollar una política integral y consecuente en la frontera sur en particular y, en materia migratoria en general. Un primer paso pudiera ser la celebración de un acuerdo en materia de salud entre el Instituto Guatemalteco del Seguro Social y el IMSS que resulte en la atención cabal de la problemática de salud fronteriza, que atienda las necesidades de estos trabajadores y sea un paso adelante hacia una política migratoria integral y congruente.

Fabienne Venet, directora general