Solicitan unir voces para enjuiciar a genocida

Querida Carmen: Qué bueno que sigues siendo la directora de este periódico, en este momento en que necesitamos unir tantas voces.

Los genocidas latinoamericanos siguen impunes y se esconden entre nosotros, los ciudadanos de todo el mundo. Prueba de ello es haber encontrado recientemente a Cavallo, torturador y asesino que, con la complicidad de muchos políticos mexicanos, se escondía en este país. La justicia mexicana todavía no resuelve qué hará con tan nefasta figura, si continuará cimentando la impunidad o brindará la posibilidad de enjuiciarlo como corresponde. Otra vez estamos en riesgo de que los falsos y peligrosos nacionalismos nos cierren las puertas, otra vez pueden usar las excusar de territorialidades. Como si los genocidios no fueran delitos contra la humanidad toda, como si la impunidad no fuese una apología de la violencia.

Y los riesgos aumentan cuando se maneja la justicia a criterio de los gobernantes y no de los pueblos. Por estos días viene a México Fernando de la Rúa, presidente de la Argentina. No podemos dejar de pensar que su presencia no es inocente, que hay riesgo de que esto se resuelva "diplomáticamente": con presiones, falsas promesas y favores. No podemos dejar de pensarlo porque no olvidamos que el hoy presidente de los argentinos votó hace unos años por el afirmativo a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dos de los motivos por los que hoy es imposible enjuiciar a estos genocidas en Argentina.

Si México no concede la extradición de este genocida a España, la impunidad seguirá socavando estas democracias latinoamericanas que cada día se acercan más a la ficción. La decisión está en manos del gobierno mexicano, y en nuestras manos y nuestras voces está la responsabilidad de seguir exigiendo juicio y castigo a los genocidas y a sus cómplices.

Paula Mónaco Felipe, Liliana Felipe, Jesusa Rodríguez

Carta a De la Rúa

Querida Carmen: Te ruego la publicación de estas líneas dirigidas al presidente argentino que visita México.

Señor presidente:

Usted colaboró con el gobierno de Illia que era un hombre honesto y se negó a ceder ante los militares que lo derribaron en una de tantas repetidas violaciones de la Constitución que llenan nuestra historia argentina. Ahora usted acepta sin embargo las leyes de Obediencia Debida y de amnistía a los genocidas que ensangrentaron y hundieron al país, las cuales son una monstruosidad jurídica y ética, ya que la Constitución condena como infame traidor a la patria a los golpistas y no hay "obediencia debida" al superior que ordene deponer gobiernos constitucionales mientras las leyes internacionales y la ética condenan a los torturadores y genocidas y los ponen fuera de la ley internacionalmente ya que ninguna obediencia puede llevar a violar, torturar y asesinar. Sería una vergüenza que usted intercediera por el genocida Ricardo "Miguel Angel" Cavallo en nombre de la falsa idea de la territorialidad en la aplicación de la justicia en el caso de gente que asesinó en todos los países donde pudo. Los argentinos esperamos que, por decencia y espíritu democrático, se abstenga de hacerlo.

Le saluda Guillermo Almeyra

Apoya el Centro Pro la extradición de Cavallo

Señora directora: Solicito la publicación de la presente:

Licenciado Jorge Madrazo, procurador general de la República.

Nos permtimos externar nuestra posición acerca de la extradición del ciudadano argentino Miguel Angel o Ricardo Cavallo.

El gobierno mexicano está obligado a cooperar para extraditar a España a Cavallo en cumplimiento de los principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad, adoptados por la Asamblea General de la ONU el 3 de diciembre de 1973.

Según los puntos 1, 3 y 4: los crímenes de lesa humanidad donde quiera y cualquiera que sea la fecha que se hayan cometido serán objeto de una investigación y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, serán castigadas. Los Estados cooperarán bilateral y multilateralmente para reprimir y prevenir los crímenes de lesa humanidad y tomarán todas las medidas internas e internacionales necesarias. Los Estados se prestarán ayuda mutua para la identificación, la detención y el enjuiciamiento de los presuntos autores de tales crímenes, y en caso de ser éstos declarados culpables, de su castigo.

De acuerdo con el estatuto de constitución del Tribunal de Nuremberg, confirmado por la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, son considerados crímenes de lesa humanidad el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la persecución política, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil.

El gobierno mexicano está obligado a actuar independientemente de la nacionalidad del acusado, del lugar de la comisión de los delitos que se presume cometió y del tiempo transcurrido desde que tuvieron lugar los hechos. La convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad entró en vigor en México el 11 de noviembre de 1970. Esta es aplicable a los representantes de la autoridad del Estado que participen como autores o cómplices de alguno de los crímenes mencionados o que inciten directamente a la perpetración de alguno de esos crímenes o que conspiren para cometerlos cualquiera que sea su grado de desarrollo, así como a los representantes de la autoridad que toleren su perpetración.

Por todo lo anterior y en vista de la visita del presidente argentino De la Rúa es de nuestra mayor preocupación expresar nuestro interés de que independientemente de los acuerdos comerciales o de otro orden entre ambos gobiernos, se respete el derecho internacional vigente en México.

Es urgente la extradición a España de Cavallo. De no hacerlo el gobierno mexicano incurriría en un grave desacierto político y en una flagrante violación de los principios del Acta de Constitución de la ONU relativos a la cooperación entre los pueblos para la contribución a la paz y la seguridad internacionales.

Rafael Alvarez Díaz, primer visitador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC

Piden entregar a Sérpico

Señora directora: Solicitamos la publicación de la siguiente carta:

Doctor Ernesto Zedillo, Presidente de la República Mexicana

Licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, procurador general de Justicia de México

Exmmo. juez Baltasar Garzón

Los abajo firmantes solicitamos se dé celeridad al trámite de extradición contra Miguel Angel Cavallo o Ricardo Miguel Cavallo (Cédula de Identidad 6.275.013: DNI 10.225.159), conocido como Sérpico, solicitado por el Tribunal de Madrid, para que responda a las acusaciones que le han sido formuladas por crímenes contra la humanidad.

Ricardo Miguel Cavallo está acusado en los tribunales españoles de genocidio, terrorismo y tortura durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983.

Aplaudimos la entereza y el valor que han caracterizado la actuación del juez Baltasar Garzón y de su suplente en este y en el caso del dictador chileno Augusto Pinochet, y le manifestamos que de hacerse justicia a los españoles afectados por el torturador Cavallo, de alguna manera se hará justicia también a las miles de víctimas argentinas y a la humanidad entera.

Ragnar Hagelin, padre de Dagmar Hagelin, secuestrada por Alfredo Astiz y los otros criminales de la Esma; Delia Barrera y Ferrando, sobreviviente del campo de concentración Club Atlético; Elena Alfaro, sobreviviente del campo de concentración El Vesubio; Lilia Pastoriza, sobreviviente de la Esma; Amador Aguila, ex preso político chileno; Martín Almada, presidente del Tribunal Etico contra la Impunidad, víctima del Operativo Cóndor, Asociación Argentina pro Derechos Humanos en Madrid, Organización Libre, Agrupación John D. Cook de la Universidad de Buenos Aires, Adriana Konzevik Cabib (responsable y mil 400 firmas

Denuncia delitos de Amway en Jalisco

Estimada señora directora: En relación a lo publicado en esta sección por el ingeniero Mauricio Gregorio, director regional de Amway, quien contesta a Carlos Fazio por un artículo de su autoría publicado en La Jornada el 30 de agosto pasado, le pedimos publicar la siguiente información: FIAN Internacional, organización que lucha en el mundo por que se respete el derecho humano a alimentarse, en estos momentos lleva a cabo una acción urgente para demandar al Presidente de México que no permita, en cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales suscritos por nuestro país, que la empresa Nutrilite, la cual es parte de la empresa transnacional Amway, viole el derecho humano a alimentarse de los campesinos del ejido de San Isidro, ubicado en los municipios de S. Gabriel y Tolimán, estado de Jalisco, que encierra dos núcleos de población, S. Isidro y Puerta del Petacal.

Estos campesinos fueron dotados en el año 1939 de 536 hectáreas por resolución presidencial que esta empresa, testaferro de Amway, coludida a través de diversas maniobras y asociaciones establecidas con autoridades locales y tal vez nacionales, logró "adquirir" 280 hectáreas en El Petacal, mediante promesas que no han sido cumplidas y que han dejado sin agua al ejido, no pueden bañarse, ni tener animales, ni sembrar hortalizas porque la empresa retiró la línea que bajaba el agua del volcán y acapara toda el agua del subsuelo de la zona. ƑTambién de esta manera la empresa Amway "provee de oportunidades para que cualquier persona mejore su vida? Es importante señalar que el director de Nutrilite, Roberto Vargas Maciel, es al mismo tiempo presidente de Procampo en la región, lo que hace pensar que en beneficio de esta empresa se han utilizado recursos sociales destinados a los campesinos.

En los últimos años los ejidatarios se han resistido a firmar el convenio para ceder la tierra a esta empresa oportunista, han acudido a la SRA estatal y nacional, al gobernador y al Presidente de la República. Lo único que han obtenido es que las ocultas fuerza del poder asesinaran a Gerardo Avalos Lemus, dirigente del movimiento campesino regional.

Es más que obvio que la empresa Amway "mantiene reuniones a puertas cerradas entre los poderes político y económico", como dice Carlos Fazio en su respuesta al Ing. Gregorio y que en esas conversaciones no cuenta para nada el derecho a la alimentación de los campesinos mexicanos.

Blanca Narro, por la Sección México de FIAN Internacional