CAVALLO: GARANTIZAR JUSTICIA

La detención en nuestro país del asesino y torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo permite la posibilidad de abrir un hueco en la impunidad de que Carlos Saúl Menem dotó a los militares genocidas que ensangrentaron su país entre 1976 y 1983, y representa el inicio de un nuevo y complejo episodio de procesos judiciales con varios países involucrados, semejante al que empezó en Londres, en octubre de 1998, con el arresto de Augusto Pinochet. En esta ocasión las naciones involucradas son España, que pide la extradición de Cavallo para juzgarlo por múltiples homicidios, secuestros y torturas; Argentina, cuyo gobierno alega, a favor del criminal, el principio de territorialidad de la justicia -esto es, que los delitos han de ser considerados en el país en que se cometieron- y México, en donde qudaron al descubierto los atroces antecedentes del ex director del Renave, donde se le capturó y donde ha de resolverse la petición española de extradición.

El asunto se convirtió, desde un principio, en tema de relaciones internacionales y diplomáticas, al menos con las dos naciones referidas, y lo seguirá siendo mientras tenga vigencia. Por lo pronto, la presencia de Cavallo en el Reclusorio Oriente de esta capital ha colocado un punto delicado y espinoso en la visita que realiza a nuestro país el presidente argentino, Fernando de la Rúa. En este contexto, la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, se apresuró a advertir -con razón- que México no está obligado a conceder la extradición y que, en caso de no recibir la petición formal correspondiente en un plazo de 60 días, las autoridades nacionales tendrían que poner en libertad al criminal de marras.

Tal declaración no sólo conlleva una precisión jurídica sino, sobre todo, un comprensible gesto diplomático para con el estadista huésped. Si bien es cierto que la responsabilidad última de otorgar o denegar la extradición corresponde a la cancillería, es claro que Green ya no estará en ella cuando llegue el momento de resolver esa disyuntiva.

La estricta observancia de las fórmulas legales y de las garantías individuales del acusado no deben presentarse, en todo caso, como posibles obstáculos a la impartición de justicia, dada la contundencia de las acusaciones contra Cavallo y la magnitud de sus crímenes. En apego al estado de derecho, el genocida puede y debe ser entregado a España para que enfrente un juicio justo. Dejarlo en libertad implicaría permitirle el retorno a Argentina y hacer a las instituciones mexicanas cómplices de la impunidad que, bajo la forma de la Ley de Obediencia Debida, cobija a los torturadores y asesinos que devastaron ese país sudamericano.

No debe descartarse, finalmente, un tercer escenario: en virtud de la adhesión de México a la Convención contra la Tortura, algunas de las víctimas de Cavallo podrían interponer demandas en su contra ante las instancias judiciales de nuestro país, la cual, por ser México signatario de ese instrumento internacional, tiene competencia para juzgar algunos de los delitos que se imputan al ex director del Renave Ricardo Miguel Cavallo, alias Miguel Angel, alias Sérpico, alias Marcelo, a quien por ningún motivo debe permitírsele que eluda la justicia.