MONTESINOS: IMPUNIDAD VERGONZOSA

La subrepticia salida de Perú de Vladimiro Montesinos y la decisión del gobierno de Panamá de conceder "asilo territorial temporal" a quien durante una década, y hasta hace diez días, fue el poder tras el trono en el gobierno de Alberto Fujimori, ha generado la justificada indignación de la sociedad peruana, cuya abrumadora mayoría exigía el enjuiciamiento legal del sórdido asesor presidencial y jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Existen numerosas y sólidas razones para procesar a Montesinos, quien, en el curso de cinco lustros, recorrió una impresionante trayectoria delictiva: empezó, en 1976, por su baja del Ejército y encarcelamiento por abandono de destino, falsificación, falsedad y desobediencia, siguió años más tarde con la extorsión por medio de notas periodísticas y la práctica fraudulenta de la abogacía -en la que se vinculó a operadores del narcotráfico--; ya en el poder, del brazo de Fujimori, el ex capitán acumuló denuncias por homicidio, secuestro, torturas, tráfico de armas y soborno de funcionarios y legisladores, entre otros delitos graves.

Entre los cabecillas y organizadores de las múltiples guerras sucias que ha padecido América Latina -es decir, las campañas elaboradas desde el poder público, abiertamente dictatorial o falsamente democrático, para exterminar físicamente a opositores políticos-, pocos, como el asesor de Fujimori, han combinado de forma tan balanceada la represión delictiva con la corrupción y el enriquecimiento propio. Pero, a diferencia de militares criminales como los Astiz, los Contreras y los Cavallo, que en los años setenta y ochenta cometieron sus atrocidades respectivas en el marco de dictaduras castrenses desembozadas, Montesinos perpetró las suyas, en la década pasada, incrustado en lo que fingía ser un Estado de derecho y un régimen democrático. Ello le otorgó márgenes de impunidad incluso mayores que los de otros operadores connotados del terrorismo de Estado. De hecho, se los sigue otorgando.

Con estos antecedentes, es una vergüenza y un agravio a los peruanos y al más elemental sentido de la justicia que el régimen de Fujimori, con la complicidad de la Organización de Estados Americanos y de algunos gobiernos latinoamericanos, haya maniobrado para poner a salvo, en un asilo panameño, a un criminal que debe responder ante la justicia por sus numerosos delitos. El episodio constituye un aliento a la impunidad y, por ende, atenta contra la vigencia de la legalidad y la institucionalidad democrática en la región. Montesinos debe ser devuelto a Perú y juzgado conforme a derecho.