De acuerdo con lo informado ayer por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Silva Meza y Humberto Román Palacios, en breve se realizará el Congreso Nacional de Juristas para elaborar una nueva Ley de Amparo. 

La necesidad de reformas en esta materia se ha revelado como urgente a raíz de los amparos con los que operan numerosos giros negros en esta capital, situación que a su vez fue colocada en el debate público tras el mortífero incendio de la discoteca Lobohombo. La señalada no es, sin embargo, la única ni la más importante de las distorsiones a la justicia que se generan en el marco de la Ley de Amparo. En décadas pasadas, y en un contexto distinto, numerosos terratenientes utilizaron la figura del amparo agrario para impedir que sus latifundios fueran afectados por la Reforma Agraria; en años y meses recientes, la sociedad ha sido agraviada por la impunidad de que gozan presuntos defraudadores como Isidoro Rodríguez, alias El Divino, gracias a recovecos legales en los términos vigentes del juicio de amparo y también, por supuesto, a cuantiosos recursos invertidos en pagar a equipos de abogados. 

En el ámbito jurídico e institucional, es claro que la actual formulación del amparo se presta a situaciones paradójicas y contradictorias, como la posibilidad de anular, mediante esta figura, una sentencia ejecutable, o las posibles redundancias del amparo --concebido precisamente para proteger las garantías individuales ante abusos de poder público-- y de las comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos, organismos no jurisdiccionales. En entrevista con este diario --y publicada en estas páginas el pasado 23 de octubre-- el también ministro de la Suprema Corte, Juventino Castro y Castro, formuló un diagnóstico exacto de los rezagos y las lagunas jurídicas que es preciso corregir en la materia. 

No vendría al caso, ciertamente, poner en tela de juicio la pertinencia y la validez del Juicio de Amparo, un instrumento jurídico inapreciable, ejemplar y de larga tradición --su primera codificación data de 1847-- en la legislación mexicana. Es claro, sin embargo, que esta figura ha ido quedándose rezagada con respecto a las realidades sociales del México contemporáneo y que en torno a ella se ha creado una zona de ambigüedad, impunidad y corrupción que es necesario eliminar. Por ello, salta a la vista la pertinencia y la necesidad de reformarla, actualizarla y adaptarla a los nuevos tiempos nacionales.