La reñida contienda por la presidencia de Estados Unidos ha sacado a la luz los peculiares métodos del sistema electoral del país que se jacta de ser ejemplo de vida democrática. Para ser presidente no hace falta conquistar la mayoría de los votos directos, tan sólo es necesario obtener 270 sufragios del Colegio Electoral. 

Con este sistema, un candidato puede resultar presidente sin contar con el respaldo mayoritario del voto popular. Así sucedió en 1888, cuando el republicano Benjamin Harrison obtuvo 95 mil 713 sufragios menos que su adversario, Grover Cleveland, y fue presidente gracias a que la distribución de sus votos le otorgaba la mayoría en el Colegio Electoral. 

En esta elección, el hoy candidato republicano, George W. Bush, aventaja al vicepresidente demócrata Al Gore por una mínima diferencia y el nombre del próximo presidente se sabrá hasta el 17 de noviembre, cuando se den a conocer los resultados del último recuento de votos en Florida. De este escrutinio dependen los 25 votos correspondientes a Florida en el Colegio Electoral. 

El retrasado anuncio oficial está generando una crisis política ante la incertidumbre de no saber quién será el sucesor de Bill Clinton. Aparentemente, lo normal hubiera sido que para estas alturas, y con el fin de que la crisis no se agrave, el candidato en desventaja ?Gore en este caso? se declare perdedor y permita que su oponente, el más favorecido, se proclame presidente. 

La clase política estadunidense sabe que una crisis política, peor aún si se trata de credibilidad electoral, puede tener serias repercusiones tanto en materia de gobernabilidad (¿un presidente proclamado de manera ilegítima?), como en el ámbito internacional. Sin más, Estados Unidos, país que otorga las credenciales democráticas en el mundo, no puede permitir que se cuestionen sus procesos electorales. 

Contra esta idea, Al Gore se ha mantenido firme en la contienda y, apoyado en el derecho de impugnar los resultados, presentó ocho demandas con la intención de que un juez sentencie que las elecciones en Palm Beach (polémica por el confuso diseño de las papeletas) y otros condados se repitan. De proceder estas demandas, la incertidumbre se podría extender durante semanas y, por consecuencia, la crisis política se agravaría. 

Por otro lado, si Gore aceptara su derrota antes de que finalice el escrutinio en Florida, el presidente entrante, Bush, podría cargar con una losa de dudas sobre el resultado. En ambos casos, se augura un déficit político para el vencedor. 

Sea Bush o Gore, el 20 de enero debe tomar posesión el nuevo presidente de Estados Unidos. Mientras tanto, habrá que ver si Gore se mantiene firme hasta las últimas consecuencias o acepta su derrota por el bien de la cuestionada democracia estadunidense. 

Ya después, los ciudadanos podrán analizar con calma la viabilidad democrática de su peculiar sistema electoral.