La reciente advertencia formulada por la Secretaría de Salud (Ssa) acerca de los graves efectos secundarios que podría tener el compuesto fenilpropanolamina (FPA), contenido en diversos antigripales comerciales, y la reacción de laboratorios y farmacias del país a tal señalamiento, han puesto en evidencia la debilidad y la falta de autoridad de esa dependencia oficial en las postrimerías del sexenio. 

Los diferendos públicos --e intensos-- en el ámbito farmacéutico no han escaseado en años recientes. La aprobación por parte de la Secretaría de Salud de los medicamentos genéricos, por ejemplo, desató una fuerte polémica entre autoridades, fabricantes de medicinas --de patente y de las otras--, cadenas farmacéuticas y especialistas médicos. Tal debate no necesariamente iba en detrimento de las atribuciones de la Ssa. Estas fueron menguando, en cambio, debido a la orientación general del grupo en el poder de reducir la presencia y las funciones gubernamentales casi hasta el absurdo, con tal de no entorpecer el florecimiento del libre mercado en todos los ámbitos del quehacer nacional. La pérdida de autoridad resultante se vio agravada, en el caso de la Secretaría de Salud, en el momento en que la dependencia fue convertida en refugio de políticos sin empleo. 

Con esos antecedentes, casi no sorprende que la institución carezca de la determinación requerida para suspender temporalmente la venta de algunos medicamentos potencialmente peligrosos en tanto se determina con certeza los efectos secundarios que se les atribuye. 

En momentos en que la consigna en el equipo aún gobernante pareciera ser no hacer olas mientras se llega al momento del relevo presidencial, la Ssa se limitó a recomendar a los consumidores que no adquirieran tales fármacos, y a las farmacias, que no los expendan. La sugerencia fue, por supuesto, ignorada por laboratorios y comercios. 

En cualquier país de esos que causan la admiración incondicional de los tecnócratas nacionales, los indicios de peligrosidad de un medicamento cualquiera llevan a su retiro --así sea temporal-- del mercado. En contraste, en México, la laxitud de la Ssa podría tener consecuencias graves para la salud de los ciudadanos, y en esa medida, resulta injustificable.